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El Sindicato se movilizará a la Legislatura, donde se tratará el proyecto de estabilidad laboral que cuenta con el aval del Gobierno provincial, y montará un acampe con vigilia hasta lograr que se concretice.
El Sindicato expresó su profunda preocupación ante los aprietes, persecución y hostigamiento que continúa sufriendo la comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado, luego del intento fallido de desalojo en el lugar.
“Llegamos a Washington y a la Comisión Interamericana porque la Justicia de nuestro país ha decidido mirar para otro lado en uno de los momentos de mayor sufrimiento para los trabajadores, los jubilados y todo el pueblo argentino”, indicó Rodolfo Aguiar.
El Sindicato advirtió que el ajuste sostenido en el sector del manejo del fuego aumenta el riesgo operativo para dar respuesta a la planificación operativa de la temporada 2026-2027.
Según denunciaron desde la Seccional parte de quiénes fueron citados al descargo es personal administrativo o de enfermería que nada tienen que ver con esta atención, que detalla la ATE debería involucrar en primera instancia al personal médico.
Durante el mes de marzo el Sindicato presentó las demandas vinculadas a las condiciones laborales, la provisión de indumentaria y elementos de protección personal.
Respecto al salario se definió un aumento del 4%, en noviembre y 3% a partir de enero de 2027. Dos bonos: 410.000 pesos, en septiembre y otro de 480.000 pesos en la segunda quincena de enero de 2027. El piso salarial será de 1.560.000 pesos.
Se acordó la continuidad del pago de la deuda por movilidad jubilatoria que el Instituto de Previsión Social mantiene con el sector. También se consensuó la conformación de una mesa técnica para trabajar en la actualización de reglamentaciones vigentes.
Para la ATE provincial “hoy, en un contexto marcado por el ajuste, la desigualdad y el debilitamiento de derechos conquistados, el mensaje de Angelelli mantiene plena vigencia: escuchar al pueblo, organizar la esperanza y caminar junto a quienes más lo necesitan”.
Desde la organización denunciaron que “esta exclusión constituye una práctica que ATE viene denunciando desde hace tiempo y que motivó el inicio de las acciones judiciales correspondientes por práctica desleal y vulneración de la libertad sindical”.
El Sindicato también reclamó el diseño de un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector, entre otros pendientes relevantes.
El juzgado decretó que la Municipalidad debe terminar con las prácticas antisindicales y la persecución y le impuso una fuerte multa por negarse a retener la cuota sindical desde 2023 a la fecha.
“El shutdown, el apagón en el Estado lo vamos a hacer los trabajadores si el Gobierno continúa sin responder a nuestras justas demandas”, apuntó Rodolfo Aguiar.
Será tratada en la Cámara de Senadores de la Nación el próximo 6 de Agosto, y el Sindicato lanzó una Jornada Nacional de Lucha para rechazarla.
Habrá aumentos mensuales consecutivos del 2% entre julio y diciembre. Además, se incorporará un 1,5% adicional en ítems específicos, definido en las mesas sectoriales con representantes de Educación, Salud y la Administración Centralizada.
“Esta audiencia tiene una importancia trascendental para el movimiento obrero porque permitirá poner al Estado argentino bajo la lupa internacional. Es el primer paso del sistema interamericano para proteger derechos cuando la Justicia local no funciona”, indicó Rodolfo Aguiar.
También se garantizó por acta que no se descontarán los días de paro.
ATE exige que se dispongan medidas para investigar los hechos y se intime al empleador a que cese de inmediato toda práctica que implique una afectación a la libertad sindical.
Para ATE es necesario resguardar las condiciones de higiene, salubridad y también la seguridad frente a los traslados. Se estima que las condiciones de tiempo extremo abarquen desde este viernes hasta el domingo.
En medio de un fuerte debate nacional sobre la soberanía de las tierras, el Sindicato expresó su rechazo a la medida dispuesta por el Gobierno provincial quien, junto a las fuerzas de seguridad, intentó desalojar a decenas de familias de la comunidad originaria.
De esta negociación participaron la ATE Gregores, el Departamento de Municipales de la ATE Santa Cruz y representantes del Ejecutivo Municipal y de la delegación local del Ministerio de Trabajo.