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Unos setenta trabajadores del área de Obras públicas provincial, organizados en ATE, llevan adelante asambleas en rechazo a la tardanza manifiesta de gobierno en homologar una serie de modificaciones que fueron acordadas en octubre del año pasado en una mesa paritaria, hecho que genera un grave perjuicio en el área.
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Esta mañana en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, una patota de civiles, perpetró un ataque contra el grupo de trabajadoras y trabajadores del sector, que organizados en ATE realizaban una toma pacífica del edificio, en reclamo por incumplimientos salariales y laborales de vieja data.
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El Consejo Directivo Provincial de la ATE volverá a hacer entrega a cada uno de los bloques legislativos que componen la Cámara de Representantes de la Provincia, las carpetas que contienen el pedido de tratamiento y aprobación de un proyecto de descongelamiento de la antigüedad, algo que desde el gremio entienden como “una necesidad urgente que vendría a saldar una deuda histórica del Estado misionero para con más de 5 mil trabajadores estatales”.
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La ATE provincial tuvo una audiencia con el ministro de Salud y Desarrollo Social de la provincia, Rubén Giacchi, en la cual se le expresaron los reclamos que sostienen desde hace meses los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). El lunes 24 el gremio fue a la Legislatura para defender el proyecto de ley de los trabajadores.
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El intendente intentó calmar los ánimos, pero la respuesta de los trabajadores fue contundente: más del 70% adhirió a la movilización convocada por ATE y UPCN. Fernando Gatica, Secretario Adjunto de ATE San Luis, dijo que “la medida fue un éxito” y que de no haber soluciones al conflicto, la semana que viene se realizará un paro de 48 horas
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Los trabajadores nucleados en la ATE reclamaron frente al palacio Municipal de Colonia Avellaneda, que cumpla con el acta acuerdo firmada meses atrás con el intendente. Asimismo los trabajadores expresaron su malestar porque según surge del proyecto de presupuesto 2017 el intendente tendría un incremento en su sueldo que lo llevaría a $90 mil, mientras que no regulariza a jornaleros y contratados.