La Justicia del Trabajo ordenó a la Obra Social UP que elimine los cobros discriminatorios y que bonifique a quienes ya pagaron, defendiendo que la salud es un derecho universal para todos los estatales, sin importar su afiliación sindical.
La notificación fue cursada a los municipios de La Paz, Mina Clavero, Villa Cura Brochero, Nono, Arroyo de los Patos, Alta Gracia, Villa Los Aromos, Valle de Anisacate, Tránsito, Río Ceballos, Agua de Oro y Los Hornillos.
Se trata de la causa sustanciada a partir de la represión policial del 25 de mayo de 2024, en el contexto de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Córdoba.
El Secretario General de ATE Córdoba suscribió un convenio de hermanamiento con la central obrera de Euskal Herria en el marco de la campaña internacional de solidaridad contra la criminalización y la judicialización de la protesta social en la provincia y en el país.
Junto a organizaciones sociales, el Sindicato dijo presente en rechazo a la iniciativa del Gobernador, que los especialistas tachan de inconstitucional y contraria a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a su carácter regresivo.
Seis defensores ambientales de la provincia enfrentarán a partir del 18 de diciembre por haberse manifestado colectivamente en la ciudad de Cosquín en agosto de 2022, en el marco de la resistencia contra la construcción de la Autovía de Punilla sin licencia social.
En un acto para resguardar la Memoria, se compartieron fotografías y documentos de la época y se colocó una placa junto a las marcas de los disparos de proyectiles en la pared que fuera del Hotel Plaza.
Además, desde el municipio se comprometieron a dar impulso al proceso de recategorizaciones del personal que cumple funciones habituales y no están reconocidas en su actual escalafón.
La movilización de estatales en Córdoba confluyó con gremios privados y organizaciones territoriales, por el rechazo al aumento de los aportes previsionales que pretende imponer por ley el Gobernador Martín Llaryora este mes.
El pedido se funda en la normativa vigente, en términos de la Ley 27.073 y del Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, más el antecedente de que en junio pasado estos trabajadores y trabajadoras cobraron el aguinaldo correspondiente.
