Para ATE “es obligación del Estado garantizar condiciones dignas de trabajo, adecuar los ambientes dentro de la normativa legal vigente en materia Seguridad e Higiene”.
Esa Ley contempla un resarcimiento para todas las personas que fueron perseguidas políticamente con pérdida de sus fuentes laborales durante la época del proceso cívico – militar iniciado en 1976.
Según remarcaron desde la sectorial “existen graves irregularidades que afectan las condiciones, salud y seguridad de las trabajadoras”.
Corresponden a licencias de los años 2019, 2020 y 2021.
Desde ATE reclaman políticas claras para desarrollar en la provincia y que cada política cuente con presupuesto y recursos humanos.
También obtuvo el compromiso del gobernador de que los llamados Código 80 quedarán incluidos en el proyecto de Salud que se está desarrollando.
La Secretaría de Trabajo también se comprometió a convocar a los gremios para el tratamiento del proyecto de los contratados 2871 de Salud, específicamente.
La propuesta incluye un 8%, retroactivo al mes de febrero y otro 2% en marzo, y que se complementa con aplicar, a partir del mes de abril, la cláusula gatillo.
Las y los trabajadores afectados son los que cumplen funciones por Artículo 6 de la Ley 1.279 y reemplazan a quiénes fueron dispensados por el Código 80, por razones de salud.
Pedro Coria, secretario general, informó que luego de años de esfuerzo lograron comprar el terreno para construir la sede de la seccional, ubicada en Realicó.
