La
ATE- Córdoba y el Colectivo por la Memoria denunciaron que el intendente de
Unquillo, Jorge Fabrissin, despide delegados con tutela gremial, al tiempo que
niega el genocidio y los delitos de lesa humanidad que realizó la dictadura en
dicha localidad.

Uno
de los trabajadores despedidos es Antonio Aredes, delegado de ATE e hijo de una
vecina de Unquillo que fue desaparecida durante la dictadura, mientras el
actual intendente Fabrissin estaba a cargo de la Municipalidad.

El
Colectivo por la Memoria de Unquillo viene trabajando desde hace años para la
recuperación de las memorias sobre el ex Centro Clandestino que funcionara en
la ex Comisaría, como así también en la promoción de los derechos humanos que
están siendo invisibilizados y vulnerados en la actualidad.

Contrariamente,
el Intendente Jorge René Fabrissin que ocupó el mismo cargo durante la última
dictadura Cívico Militar, no solo niega sistemáticamente la existencia de un
centro clandestino y a los desaparecidos de Unquillo, sino que reedita
prácticas antidemocráticas, reñidas con el derecho y la idea de libertad, como
es la persecución política y judicial a quienes opinan distinto.

A
pocos días de asumir, en diciembre de 2015, Fabrissin echó a más de la mitad de
los empleados de la Municipalidad, entre ellos cuatro delegados de ATE.  Es decir, niega sistemáticamente sobre hechos
probados por la Justicia Federal respecto a la ex comisaría de Unquillo, sino
que además niega y desconoce los canales democráticos de representación gremial
y la legitimidad de dichas representaciones, todos derechos reconocidos nuestro
país.

Persecución a delegados gremiales

En
los últimos días de febrero la Cámara de 2ª instancia de la justicia cordobesa
falló en contra del amparo presentado por los delegados de ATE Antonio Aredes y
Rosana Bustos -miembros del Colectivo por la Memoria de Unquillo- para dejar
sin efecto sus despidos de la Municipalidad. Esta medida – que deja serias
sospechas sobre la connivencia entre el poder judicial de córdoba y el poder
político- fue apelada y será el Tribunal Superior de Justicia quien tenga la
última palabra en el asunto.

Desde
el CDP se emitió un comunicado de prensa donde expresó su enorme preocupación “ante
el aval judicial a la ola de despidos y abusos de poder perpetrados por la
actual gestión municipal de Unquillo, que evidenció la Cámara mencionada con su
resolución”.

“El
estado de derecho, y de la democracia misma, se ponen en jaque al negar los
derechos de los trabajadores y la protección gremial reconocida en tratados
internacionales y leyes nacionales, como necesaria e imprescindible
precisamente, ante este tipo de situaciones”, acabó señalando el gremio.