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Mientras el Gobierno nacional y provincial promueven la criminalización de la protesta social, las fuerzas de seguridad acumulan graves denuncias por abuso de poder y otras prácticas ilegales.

ATE Córdoba denunció y repudió la proliferación de actos de corrupción en la Policía de la Provincia en el marco de una sucesión de hechos preocupantes a los que que las autoridades gubernamentales han pretendido restar importancia.

A semejanza de lo que propugna el Presidente de la Nación Javier Milei, el Gobernador Martín Llaryora no cesa de repetir alabanzas a la Policía de la provincia, con frases como ‘los buenos son los de azul’. Lo mismo repite el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Sin embargo, la fuerza se encuentra jaqueada por la seguidilla de actos de corrupción que involucran a los altos jefes.

Desde ATE Córdoba se repudió la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de promover el endurecimiento de la legislación para reprimir la protesta social y amedrentar a quienes se animen a cuestionar el ajuste y salgan a la calle. Mientras tanto, Quinteros acumula denuncias y un sinnúmero de detenciones del personal policial a su mando. Lo cual da cuenta de la proliferación de los casos de corrupción policial en la Provincia.

Así, se pueden mencionar algunos casos emblemáticos tales como el asesinato del nieto del ex jugador de fútbol de Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba, Miguel Ángel Laciar, a cargo de la policía en agosto de 2020; la caída de Maximiliano Ochoa Roldán, Jefe de la Policía Caminera, donde la Justicia de Córdoba condenó a siete agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) acusados de robar drogas que eran incautadas en los procedimientos; la detención al ex Subjefe de Policía de Córdoba, Gustavo Folli Pedetta, en diciembre de 2023,  acusado de liderar una asociación ilícita; la condena a prisión perpetua por abuso sexual seguido de homicidio contra el ex Director de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, en agosto de 2024; entre otros.

Por eso, el Sindicato exige el cese de los hechos de corrupción y de la violencia institucional de la Policía provincial, y que se deje de asediar a las y los que luchan para alcanzar la Justicia Social en Córdoba.

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