ATE remarcó que en el actual contexto económico y dado el no avance en la paritaria general, es necesario abordar y resolver aspectos salariales en estas discusiones.
Los puntos principales fueron la regularización de los contratos de obra a partir de corrimientos a cargos de servicios disponibles, realizar un relevamiento de los cargos vacantes de planta permanente con el objetivo de ocuparlos con los compañeros que actualmente revistan en contratos de servicios y la regularización de las horas extras.
Asimismo el sindicato tiene el compromiso del municipio de recomponer a la brevedad posible de modo de no perder salario en relación a la inflación.
En instancias anteriores el ministro y su equipo habían comprometido la continuidad de esta política para evitar el embarazo no intencional en adolescentes de la provincia, cosa que no sucedió.
Se definió en el Congreso realizar el tercer plenario de trabajadores del Estado Nacional, al que asistirán trabajadoras y trabajadores de las distintas reparticiones con asiento en el territorio provincial y la presencia de integrantes de la conducción nacional.
También se solicitó la actualización del código de sueldo 272 que perciben los sectores más rezagados salarialmente; acordar un nuevo instructivo de pase a planta permanente y estabilidad; y continuar con el proceso de pase de contratos de obra a servicios.
Se resolvió concentrar en el Ministerio de Salud el día 23 de abril a las 10 horas para exigir la continuidad del Plan ENIA en la provincia.
También exige continuar con la regularización de la situación de revista de contratados de obra y de servicio, así como suplencias y otras figuras laborales precarias. Para esto se tiene que acordar un nuevo instructivo de pase a planta permanente y, paralelamente, acordar el primer Convenio Colectivo de Trabajo Provincial.
ATE solicitó la reincorporación a sus puestos de trabajo de las y los trabajadores y planteó la necesidad del Estado como articulador de las políticas productivas y de contención social en una comunidad, el rol de organizador y el trabajo complementario con el sector privado.
El salario mínimo garantizado de bolsillo en la Administración Pública subió a 393.000 pesos, cuando el costo para la canasta básica que mide el INDEC trepa a 773.856 pesos.
