A través de la Resolución 8/2020 publicada el
pasado jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó la necesidad de contar
con el Certificado Médico Oficial Digital (CMO) para que las personas con
discapacidad puedan acceder a las pensiones no contributivas. También barrió
con otras restricciones abriendo nuevas posibilidades a favor de la consecución
de derechos fundamentales.

La medida pone fin a la Resolución N° 44 de
febrero de 2019 de la Agencia Nacional de Discapcidad (ANDis), la cual aprobó
el “Circuito Administrativo de Renovación de Certificados Médicos Oficiales de
Pensiones no Contributivas de Invalidez”. Y argumenta que “el déficit en el
sistema sanitario, la diversidad geográfica y los problemas en la conexión a
internet, se erigen como los principales obstáculos para poder lograr la
tramitación del Certificado Médico Oficial (CMO) digital, a los fines de la
obtención de la Pensión No Contributiva por Invalidez prevista en la Ley N°
13.478”.

De esta manera establece que, hasta tanto
el CMO no resulte accesible digitalmente en todas las provincias de la
República Argentina, se garantizará el inicio del trámite correspondiente, a
través de las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS).

En esta misma línea, la medida deja sin
efecto la Resolución de la ANDis N° 76/2019, para determinar la vulnerabilidad
de los solicitantes de pensiones, por ser considerada de carácter muy
restrictivo.

Como afirmó Carlos Ferreres, Secretario de
Discapacidad de CTA-A: “Esta medida es importante en tanto resuelve cuestiones
inmediatas para las personas que precisan iniciar el trámite para la obtención
de la pensión. Al mismo tiempo propicia la posibilidad de abrir un debate y un
análisis profundo sobre la temática y sobre cómo debería ser la estructura
gubernamental que contemple y considere el sistema de pensiones, el cual
debería contar con una mirada interdisplinaria que contemple la complejidad en
cuanto al otorgamiento, seguimiento y búsqueda en el territorio para quienes no
puedan acceder por su propios medios”.

Y contextualizó “a partir de la asunción de
Macri, hubo una quita masiva de pensiones sin ningún tipo de estudio socio
ambiental ni de ninguna otra índole, en un claro ajuste que padecía todo el
pueblo, y en especial los trabajadores. La respuesta fueron importantes
movilizaciones, amparos judiciales, actos administrativos, que no obtuvieron
respuesta del Gobierno".

"La CTA-A a través de la Secretaría de
Discapacidad y el Departamento de Discapacidad de ATE Nacional participaron de
los reclamos. Al mismo tiempo, desde el ámbito parlamentario, se conformó un
grupo de trabajo, impulsado también por la Junta Interna de la Comisión
Nacional de Pensiones, y el entonces diputado nacional Daniel Arroyo, actual
Ministro de Desarrollo Social, en una audiencia pública promovieron Proyectos
legislativos que impugnaron la quita de pensiones y las restricciones en el
acceso a los derechos, así como denunciaron los despidos que se produjeron
dentro de la mencionada Junta”, abundó.

Por último Ferreres, también hizo mención
al Congreso Nacional de Delegados del pasado 2 de diciembre el cual “se
pronunció por la restitución de las pensiones y por la eliminación de todas las
medidas que obstaculicen el acceso a un derecho tan elemental”.