En 2014 y gracias
a la labor de los delegados y trabajadores municipales, el Concejo Deliberante de
San Martín de los Andes aprobó la ordenanza Nº10.333, mediante la cual entraba en
vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Desde entonces ambas partes –Municipalidad
y organizaciones sindicales- acuerdan de forma colectiva salarios, condiciones
laborales, derechos y obligaciones, etc. Entre los mecanismos de negociación se
encuentra la CIAP, órgano conformado por representantes del Ejecutivo municipal
y ATE y UPCN. Por Ley, sus decisiones tienen carácter resolutivo y vinculante.

Sin embargo,
durante las últimas semanas la Intendente Brunilda Rebolledo –quien asumió el
10 de diciembre pasado- se propuso dar marcha atrás con numerosas actas y
resoluciones de la CIAP. Mediante sendos decretos (1184/16 y 1185/16), quien encabeza el Ejecutivo
municipal buscó derogar –por citar un ejemplo- una serie de adicionales que ya
habían sido otorgados a los trabajadores meses atrás. Pero no bastó con afectar
a futuro dichos derechos adquiridos, la Intendente también pretende que los
municipales devuelvan el dinero ya otorgado y que a lo largo de los meses
sirvió para la manutención de sus familias.

(A continuación, el insólito decreto 1184/16 de la Intendente de San Martín de los Andes)

“No sólo
buscan quitarle dinero a los laburantes, sino que en términos políticos apuntan
a deslegitimar a los trabajadores y los espacios de negociación”, aseguran los
delegados de ATE en el municipio.

En respaldo y
solidaridad con los trabajadores de la localidad neuquina, el Consejo Directivo
Nacional de ATE ya tomó cartas en el asunto y realizó las presentaciones
judiciales correspondientes. Mediante carta documento advirtió que los decretos
se encuentran en contradicción con la ley provincial 1.974, la ley nacional 23.551,
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y los Convenios 87, 151 y 154
de la OIT. “Intimamos cese su carácter anti sindical derogando con carácter urgente
el referido decreto, bajo apercibimiento de realizar las acciones legales
correspondientes, querella por práctica desleal y denuncia ante el Comité de
Libertad Sindical de la OIT”, reza la notificación oficial que lleva la rúbrica
de Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE.