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Afectan a los derechos tanto del colectivo de personas con discapacidad, como de quienes ponen su fuerza de trabajo al servicio de ellas.

Ante la difusión mediática de las medidas de acción y reclamo llevadas adelante por trabajadores y trabajadoras de la Salud, tanto del sector privado como del público, por la ingente demora del pago de las prestaciones brindadas, desde el Departamento de Discapacidad de ATE y la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma se expresó preocupación por la afectación de derechos tanto del colectivo de personas con discapacidad, como de quienes ponen su fuerza de trabajo al servicio de ellas.

Las prestaciones de discapacidad, a cargo tanto de obras sociales, empresas de medicina prepaga, y demás entidades comprendidas en la Ley 23.660, se han visto afectadas en el último tiempo dado el atraso en el pago de las mismas. Esto vulnera, en primer lugar, los derechos de las personas con discapacidad, cuya salud y calidad de vida depende de que las prestaciones, las practicas, y los tratamientos sean brindados en tiempo y forma, y de sus familias, que se ven compelidas a afrontar las voluminosas erogaciones que todo ello implica, afectando la vida de la persona con discapacidad y de su entorno familiar.

El retaceo en las prestaciones también afecta a quienes están a cargo de brindar las mismas, a los y las trabajadoras de la Salud, tanto de instituciones privadas, como los que trabajan en forma independiente o en el sector público. No son necesariamente los empresarios, ni los dueños de los Centros de día, de rehabilitación o de atención a las personas con discapacidad quienes se ven perjudicados, en tanto tienen la posibilidad de soportar atrasos. Los perjudicados sí son quienes se desempeñan como docentes de educación especial, maestros/as integradores/as, psicopedagogos/as, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos/as, psicólogos/as, kinesiólogos/as, acompañantes terapéuticos/as, quienes ya cobraban con un retraso de tres meses, y ahora esperan entre seis y ocho meses para cobrar sus salarios.

El conflicto iniciado por este sector contra las obras sociales, empresas de medicina prepaga e incluso el Programa Federal Incluir Salud a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad – ANDIS, responsables del pago en tiempo y forma de las prestaciones preventivas, terapéuticas educativas, de rehabilitación, educativas, y asistenciales previstas por la Ley 24.901, se ha extendido y multiplicado hacia las provincias.

El presente conflicto, que data de antaño en tanto no es novedad el atraso en el pago de las mismas, se ha agudizado a partir de la decisión política de cancelar la colosal deuda externa contraída por la gestión política macrista en el periodo 2015-2019, el proceso inflacionario, la remarcación permanente de precios, la fuga de divisas del sector servicio y la falta de liquidación de las mismas en concepto de exportaciones por el campo erosionan aún más la endeble economía y atentan contra el interés nacional.

Desde las áreas de Discapacidad de ATE y de la CTA advirtieron que el legado macrista que dinamitó la institucionalidad, que redujo transferencias y subsidios al colectivo de personas con discapacidad, y quitó prestaciones, suprimiendo la Comisión Nacional de Pensiones, dando de baja más de 200.000 pensiones no contributivas otorgadas a una población vulnerabilizada, no tuvo la relevancia mediática que ha tenido el conflicto reciente con los prestadores. Esto, sin dudas, obedece a la gestión de la información en cabeza de los medios de comunicación hegemónicos, que parecen haber “descubierto” recientemente la problemática de la discapacidad, haciendo una cobertura amplia y permanente de la situación y del conflicto, apuntando más a castigar al Gobierno que a defender los derechos de las personas con discapacidad.

Desde ATE y la CTA se reconoció la legitimidad del reclamo del sector, dado que el salario tiene carácter alimentario. Es impensable que quienes trabajan en discapacidad cobren a 6 u 8 meses. Este es el real problema, y debe ser resuelto a la mayor brevedad, por ello, desde el sindicato y la central se abrieron las puertas para la organización que estén gestando los y las trabajadoras de la Salud en el ámbito de la discapacidad para que sienten las bases para su sindicalización, con el fin de defender mejores condiciones de trabajo, y salario digno.

El cumplimiento de la Ley 24.901 que establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad no agota el problema. Es necesaria la creación de un registro nacional que contemple la formación, la incumbencia e idoneidad de quienes trabajan en la materia, para que estas personas puedan aportar realmente al desarrollo de la vida laboral, social y cultural del colectivo. En idéntico sentido, es imperativo que figuren en el nomenclador del sistema de Salud, para de esta forma garantizar el cuidado. También se requieren adaptaciones edilicias y comunicacionales en los organismos públicos y privados.

En materia de educación se requieren maestros y maestras integradoras, y adaptaciones curriculares. En materia de trabajo y empleo, es menester el cumplimiento efectivo del 4% en todo el Estado Nacional, así como la realización de los ajustes razones en materia de inclusión, acceso, formación, capacitación, y permanencia en el empleo, adaptación de puestos, readaptación y rehabilitación ante accidentes o enfermedades.

Todos estos aspectos, junto al deporte, la recreación, el ocio, la vida familiar, social y cultural exigen el desarrollo de políticas públicas efectivas, para las que se requieren transferencias de recursos económicos y financiamiento. En lo específico, se trata entonces de que el Gobierno adopte políticas públicas con el objeto de garantizar el financiamiento de las prestaciones a las personas con discapacidad. Como asimismo de la incorporación al sistema básico de prestaciones básica de otras coberturas que garanticen la participación social del colectivo.

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