El Consejo Directivo Provincial repudia el
intempestivo decreto presidencial publicado ayer, que cambia la figura jurídica
de la Dirección General de Fabricaciones Militares y la transforma en Sociedad
del Estado, abriendo el organismo a capitales privados.

De esta forma, el gobierno de Macri golpea
una vez más al organismo señero de la industria nacional, después de someterlo
a un trienio de despiadados ajustes que solo en 2018, en Córdoba, significaron
el despido de 178 trabajadores. Desde 2015 FFMM perdió el 60% del personal,
incluyendo la fábrica de Azul, provincia de Buenos Aires.

El decreto 104/2019 argumenta que se
agilizan así los mecanismos para la compra de insumos, cuando la gestión actual
no invirtió nunca en insumos sino que funcionó con los remanentes de la
administración anterior.

Llama la atención que se fundamente la
apertura a capitales con la necesidad de inversión privada en momentos que ésta
última brilla por su ausencia. Más bien pareciera una estrategia para reventar
el organismo, cambiando las condiciones de trabajo –dado que el decreto ordena
una convocatoria para discutir un convenio colectivo de trabajo- como sucediera
con hace poco tiempo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
que se convirtió en la empresa EANA y los compañeros perdieron la estabilidad
laboral, propia del trabajador estatal.

Esta estrategia oficial golpea también a
las ciudades donde FFMM está inserta desde su fundación, en el caso de Córdoba
en Villa María y Río Tercero, pero también en San Lorenzo, Santa Fe, y Jachal,
San Juan, todas comunidades con riesgo sufrir un nuevo ajuste en su actividad
económica.

En consecuencia, ATE mantiene y refuerza el
plan de lucha que viene desarrollando en el sector, repudiando esta nueva
agresión a los trabajadores y al patrimonio nacional.