“Saludamos esta decisión del parlamento nacional que viene a ampliar derechos y que tiene que ver con un reclamo histórico que como ATE y CTA-A llevamos adelante”, expresó Carlos Ferreres, referente de las áreas de Discapacidad.

El Proyecto, que modifica la Ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica, se vincula al derecho de las personas con discapacidad de expresar su voluntad para acceder a la realización de las prácticas denominadas «ligadura de trompas de Falopio» y «ligadura de conductos deferentes o vasectomía».

Como lo plantea el Grupo de Discapacidad del Consejo Profesional de Trabajo Social de CABA, nuestro país adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), contando con jerarquía constitucional, la cual plantea que en el art. 23 que “todas las personas con discapacidad sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento previo, libre e informado a la esterilización quirúrgica, en igualdad de condiciones con las demás personas”.

La iniciativa, prevé dar información accesible a las personas con discapacidad según sus necesidades, de manera que comprendan acabadamente en qué consisten las intervenciones y cuáles son las consecuencias de realizarla. Asimismo plantea la obligación de brindar los apoyos y salvaguardas, para que las personas con discapacidad que atraviesen por la intervención, en caso de que decidan someterse al procedimiento, sean informadas a lo largo de todo el proceso y asistidas para que no se encuentren indefensas o se sientan aisladas de la toma de decisiones paso a paso, respetándose su dignidad y su autonomía.

En la imagen mujer usuaria de silla ruedas de espaldas.