Acusados por “entorpecimiento de servicios públicos”, las
movilizaciones tuvieron lugar en el marco de dos medidas de fuerza de alcance
nacional, convocadas por ATE y  ATE-CTA,
respectivamente, en las cuales hubo una masiva participación de trabajadores de
toda la Comarca, que confluyeron desde distintos sectores, en las mismas
jornadas de lucha.

Entendiendo que en una primera instancia, el juez interviniente había
desestimado la denuncia, para la ATE “la apelación a dicho fallo de parte de la
fiscalía de Esquel evidencia una clara intencionalidad de amedrentamiento al
buscar criminalizar la protesta social”, lo cual es ratificado por la Cámara Federal
de Comodoro Rivadavia, que anuló la primer resolución y dio lugar a la
apelación.

Por estas razones, que se vinculan con una política que judicializa a
luchadores sociales para desalentar la participación, la
Seccional convocó a todas las organizaciones sociales “a permanecer en estado de alerta ante esta
situación, con el convencimiento de que la movilización y  la unidad son las herramientas legítimas e
indispensables para la defensa de los derechos de todos los trabajadores”.