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ATE ha observado este tipo de situaciones en varios municipios.

Desde la ATE Córdoba denunciaron el ejercicio de violencia institucional por parte de las autoridades de la localidad de San Pedro, hacia una compañera embarazada a quién se le exige presencialidad para renovarle su contrato.

Para el gremio “que la compañera esté embarazada es aún más grave aún, sabiendo que las normas de bioseguridad deben ser cumplidas para protección del profesional y del usuario del servicio”.

Psicología, donde se desempeña la trabajadora es una de esas áreas que pueden desarrollar su trabajo sin prespecialidad, y más en un primer nivel. Sin embargo, como subrayan delegados del área Traslasierra “venimos hace muchos años viendo que los municipios trabajan con muchos empleados en condiciones de mucha precariedad, y sin contemplaciones para nuestros trabajadores”.

Por ATE Córdoba

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