Habrá aumentos mensuales consecutivos del 2% entre julio y diciembre. Además, se incorporará un 1,5% adicional en ítems específicos, definido en las mesas sectoriales con representantes de Educación, Salud y la Administración Centralizada.
ATE también reclama la modificación de la base de cálculo salarial, ya que los porcentajes vigentes se encuentran totalmente desactualizados.
Hay profesionales como trabajadoras sociales y psicólogas que tienen un ingreso que no supera los 500.000 pesos. Incluso peor es la situación de operadores administrativos del sistema con salarios de becarios que no llegan a los 230.000 pesos. El 97% del personal del sistema son mujeres y el 73% precarizado.
ATE reclama un incremento salarial superior al índice inflacionario; pases a planta permanente en Salud; incorporación de maestranzas en escuelas del interior; bono de emergencia; apertura de mesas sectoriales y la modificación de la base de cálculo salarial a mes vencido.
ATE expuso al ministerio la necesidad de agilizar las medidas para que este personal precarizado pueda ser designado en la planta temporaria y comience a contar con una obra social y la cobertura de riesgos laborales.
Reclaman la liquidación de un aumento ya otorgado, el pago de ítem de insalubridad y recategorizaciones. Se paraliza la actividad hasta tener respuestas concretas.
Este año el aumento alcanzó en el primer semestre un 10%. En este tramo del año llevan perdido un 6,2% a lo que hay que agregar otro 8% de la pérdida registrada durante el año 2025.
Ante la movilización realizada por el Sindicato, se logró una reunión con las autoridades con el objetivo de destrabar el conflicto.
Este esquema que se impone desde el año 2022 a instancias de un reclamo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Salta, se realizará por turnos rotativos para garantizar el normal funcionamiento de la administración y la atención al público.
El personal indicó que fueron notificados mediante una videollamada de que debían desocupar el inmueble este viernes. Actualmente, son 25 las y los trabajadores del INTI que desempeñan funciones en esa sede y cuya situación laboral se encuentra amparada por una medida cautelar vigente.
