Las y los trabajadores provinciales se ven así rehenes de la política de acuerdos estructurales con Milei que Llaryora proclama a los cuatro vientos, y que tiene su expresión más palpable en el reclamo del Gobernador para que se firme en Córdoba el llamado Pacto de Mayo.
«La Mediterránea hace lobby por la aprobación de la Ley de Bases. Como estatales reivindicamos el escrache como manifestación popular, en este caso, contra algunos de los cuadros ideológicos y técnicos del saqueo que se está llevando adelante hoy en Argentina”, dijo el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, frente a la sede del ente que agrupa a los principales grupos empresarios de la provincia.
Entre otros puntos, nuestra organización planteó que la falta de un plan de desarrollo y de la continuidad de los proyectos que venían en marcha suponen un serio riesgo para el sistema productivo cordobés, dada la implicancia que posee el ecosistema económico industrial y tecnológico estatal en la provincia con el resto de los sistemas productivos.
El Estado municipal tiene obligación de retener la cuota sindical del recibo de sueldo de cada afiliado y afiliada conforme lo establecido por la Ley de Asociaciones Sindicales 23551.
ATE pidió a las y los senadores nacionales por Córdoba que rechacen la Ley de Bases y se aboquen a aportar a un proyecto de país que incluya a todas y todos.
Sin justicia social habrá condena social para las y los Senadores y gobernadores que banquen la Ley de Bases y el Pacto de Mayo, señaló el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani.
Frente al edificio de Tribunales II, Federico Giuliani realizó un discurso donde agradeció la solidaridad y el apoyo recibido. “Pedimos esta Audiencia Oral para poder mirar a la cara al este Poder Judicial que es el brazo del cordobesismo que gobierna la provincia hace 25 años”, dijo.
Durante la jornada, en la que también se inauguró una oficina gremial de ATE en la Cabecera de la Región DRANO.
El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, pidió audiencias a las y los ministros de Producción, Desarrollo Humano, Gobierno y Seguridad, Ambiente y Economía Circular, Cooperativas, Salud y Bio Agro Industria.
El fiscal Ernesto De Aragón construyó una causa sin fundamento jurídico y con el solo fin de amedrentar a dirigentes que ejercieron su derecho legítimo a realizar una protesta pública, en marco de las garantías constitucionales que otorga el cuerpo legal argentino y los tratados internacionales, que está siendo criminalizada por el Gobierno de Córdoba.
