En el anuncio estuvieron presentes Franco Boczkowski, secretario General docente, Gastón Vacchiani, secretario General del gremio de la salud, y Federico Giuliani, secretario General de ATE que hizo las veces de anfitrión de la convocatoria, bajo la consigna “ningún trabajador de la provincia por debajo de la línea de la pobreza”.
Previamente grupos de compañeras y compañeros hicieron una semaforeada, volanteando los reclamos de ATE y obteniendo la solidaridad generalizada de conductores y transeúntes.
«Supuestamente venían contra la casta y ahora vemos a los ñoquis alimentados a polenta por (la ministra Sandra) Pettovello, un plantel de rugby completo cobrando un millón y medio de pesos para no ir a laburar», denunció Federico Giuliani.
La patronal recibió a una delegación de ATE a los fines de abordar la agenda gremial del sector.
En una reciente entrevista sostenida en el Congreso Nacional del ATE, el Secretario General del CDP explica esta situación particular y los reclamos salariales que nuestra organización lleva adelante en Córdoba.
La intendenta Natalia Contini no cumplió con el pago de la actualización salarial del 11% en abril y dispone de un cuerpo de asesores de sueldos millonarios organizado para perseguir a las y los trabajadores que reclaman sus derechos. Mañana y el miércoles se incrementa una hora diaria la retención de servicios y el jueves se realizará una asamblea en la Municipalidad desde las 7 horas.
Estévez denunció en el Congreso de la Nación “los intentos de disciplinar y amedrentar a quienes denuncian la entrega del país violentando así nuestra Constitución Nacional, cediéndole funciones extraordinarias a Milei, comportándose cómplices de miles de despidos injustificados el Estado Nacional”.
La comitiva de ATE destacó la creación de un espacio de diálogo para avanzar con la agenda gremial en la firma y le trasladó un petitorio de temas a resolver con los funcionarios.
“Hacemos responsables a la ministra Patricia Bullrich y al gobernador Martín Llaryora por todos estos ataques”, apuntó Rodolfo Aguiar.
Se trata claramente de una persecución política que usa al Poder Judicial como herramienta para justificar el amedrentamiento que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pretende imponer contra nuestra organización sindical.
