Los
 ciudadanos de a pie, aquellos que
auténtica y literalmente mueven las ruedas de la historia, se preguntarán: ¿Por
qué hay líos en al PAMI? ¿Será parte de una campaña sucia? ¿Tendrá que ver con
las elecciones generales o con la disputa por el poder en  algún sindicato?  ¿No tendrán otra cosa para hacer que cortar
la calle?

No
son recientes los problemas en el PAMI, que afectan la fuente y las condiciones
de trabajo de sus empleados y, principalmente, la de más de cuatro millones de
jubilados y pensionados cubiertos a través de los servicios de la principal
Obra Social de nuestro país.

Muchas
veces quienes llevamos sobre nuestras espaldas el mandato de miles de
trabajadores incurrimos en el trágico error de defender únicamente
reivindicaciones salariales, por cierto legítimas, pero que al mismo tiempo, indirectamente,
le   hacen el caldo gordo a quienes
buscan ubicarnos como actores secundarios en la discusión de los grandes temas
de la política nacional.

Los
problemas en el PAMI afectan a todos los hogares argentinos, porque en todos
hay relación con una persona mayor y porque cuando se atenta contra este sector
poblacional, también se pretende anular la memoria  histórica de nuestro pueblo. Es decir, que
este conflicto, como otros en los que ATE tiene presencia, pone sobre el tapete
el rol del Estado y con ello lo de todos.

Venimos
a decir que estos problemas se erigen como una bisagra y una prueba inexorable
sobre el rol que nos toca jugar en función de la sociedad que merecemos y nos
atrevemos a desear.

El conflicto

El
disparador  del conflicto en el PAMI tiene
que ver con el dictado de las resoluciones 559 
y 560 del Director Ejecutivo (en los hechos interventor de facto desde
hace más de diez años), que dispusieron la disolución de múltiples estructuras,
comprometiendo  los niveles operativos en
los que se realiza la atención directa de los afiliados a la obra social,
mientras no se tocan fastuosas estructuras supernumerarias en los niveles
centralizados donde pululan, en los cargos jerárquicos cortesanos del poder de
turno, piratas de siete mares e ideólogos de pacotilla.

No
hace mucho tiempo las actuales autoridades decidieron auto imponerse un aumento
exponencial en sus haberes por fuera de toda lógica de costo de vida, por lo
que se iniciaron las debidas actuaciones ante la Justicia.

Los
trabajadores de PAMI son quienes reciben la bronca de los afiliados por  la bajísima calidad de sus prestaciones y
servicios, expresada a través de la imposibilidad de cumplir con cupos
capitados de mil afiliados por parte de los médicos de cabecera del primer
nivel de atención; las asimetrías más escandalosas registradas en la
comparación con las prestaciones del interior del país; la renuncia a las
funciones de auditoría por parte del Instituto de jubilados y pensionados; las
penurias múltiples y cotidianas sufridas por los pacientes del PAMI en clínicas
y hospitales contratados; la vejación que supone la realización de muchos
trámites ante las oficinas del PAMI, empezando por la circunstancia inicial de
una innecesaria afiliación en las actuales épocas que corren de digitalización
y avanzadas  tecnologías de la
comunicación.

Estos
trabajadores son también testigos del desmonte progresivo, silencioso y mal
intencionado de las prestaciones sociales que fueran orgullo y elemento de
diferenciación respecto a las restantes obras sociales, e incluso prepagas,
abocados a la atención de personas mayores, sin dejar de mencionar los arreglos
y los sobreprecios en las contrataciones, la falta de idoneidad de los
funcionarios ocupantes de los cargos, la sangría de los créditos brindados por
el PAMI a otros destinos para enmendar los rojos de administraciones amigas,
sin verdaderos reaseguros que esas imposiciones dinerarias fueran  a trocar en mejoras sustantivas y objetivables
para los afiliados del PAMI, con el agregado de que muchos de los compromisos
asumidos conllevaron la renuncia al inventario de lo que se recibió dando lugar,
en principio, a situaciones ambiguas de  legalidad.

Por
ello, los trabajadores y quienes circunstancialmente los representamos,
ocupamos un lugar central y estratégico para seguir enumerando anomalías de
todo tipo registradas en el PAMI, profundizar una cultura de resistencia y
propositiva, también, sobre los temas de todos.

Quienes
nos encontramos con los otros hombres y mujeres de un lado o el otro del
mostrador, sean afiliados o trabajadores en actividad que sufrimos  las consecuencias de maltratos múltiples y
cotidianos, demandamos la unidad en la acción y propuestas consensuadas que no
pueden acabarse con una medida de fuerza.