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María José Cano, integrante de la delegación argentina que está registrando denuncias de violencia estatal en Colombia, dirigente de ATE y la CTA Autónoma, describe la tarea en los territorios y la situación del país en un momento que ya es parte de la historia latinoamericana.

La delegación argentina de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos llegó a Colombia el 25 de mayo para relevar denuncias sobre los crímenes de Estado, la violencia parapolicial y delitos de lesa humanidad que se multiplican en el marco de la represión a las protestas que comenzaron el 28 de abril cuando el gobierno quiso descargar sobre las clases populares el costo de la crisis agravada por la pandemia con una ley impositiva.

Con el objetivo de visibilizar en el plano global la situación, veintiún dirigentes y dirigentes de organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales y políticas se reparten en equipos que se distribuyeron en las localidades de Cali, Medellín, Pereira, Bogotá y Popayán para recibir a las organizaciones locales, víctimas y familiares, y el miércoles presentarán una versión preliminar del informe en construcción.

El grupo cuenta con la experiencia histórica de las organizaciones de nuestro país en la denuncia internacional contra la dictadura, y el buen resultado de la reciente participación en una delegación que viajó a Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales, de la cual participaron varios de los delegados que hoy están en Colombia.

Las últimas horas del conflicto se sintetizan en maniobras del gobierno para obstruir un principio de acuerdo al que habían arribado los organizadores del paro y funcionarios de avanzada, una matanza feroz en Cali que dejó el saldo de 14 muertos el viernes, la militarización de las regiones, la difícil tarea de los organismos internacionales y la ratificación de la continuidad y profundización de las protestas.

María José Cano es directora del Departamento del Derecho de los Pueblos de ATE Nacional, dirigente de la CTA Autónoma, e integra la célula Popayán de la Misión junto a Martín Ferrari del Frente Popular Darío Santillán, Ismael Jalil, de CORREPI, Alicia Montoya del Frente Patria Grande, y la legisladora porteña Laura Velazco, de SOMOS Barrios de Pie.

Desde la capital del departamento del Cauca, le cuenta a Canal Abierto que la Misión no fue recibida por algún representante del gobierno de Iván Duque, que la represión recrudece a cada minuto, y que también se multiplican los pedidos para que la delegación argentina se acerque a otras localidades. “Es absolutamente comprensible porque el accionar del ESMAD y de la policía es de una violencia atroz, y eso genera mucha necesidad”, cuenta.

¿Qué tipo de denuncias están recibiendo?

– Hay un denominador común sobre los hechos de violencia que venimos registrando que son detenciones arbitrarias, en muchos casos con situaciones de tortura, homicidios, desapariciones forzadas, ataques sexuales, ataques a la libertad de prensa, muchos heridos y muchos casos de daños oculares, y situaciones que fueron de repercusión internacional como los cuerpos que aparecieron mutilados, desmembrados, situaciones durísimas para registrar, y además con un alto nivel de información de videos, audios, fotos, material que por medios alternativos puede llegar a nuestro país pero acá con cada persona que nos encontramos aporta pruebas que sirven para dar cuenta de los hechos.

¿Cómo es la situación en Popayán?

– Justamente ayer participamos de una conferencia de prensa con organizaciones de sur occidente que están participando activamente del Paro Nacional, y en ese marco lo que plantearon es, en un acto de demostrar voluntad, empezar a hacer un desescalamiento progresivo de los bloqueos que hay en la ruta vía Cali, un punto central que está parado -no hay posibilidad de que pase ningún camión, aunque existen corredores humanitarios para asistencia alimentaria de las distintas poblaciones del Valle del Cauca-, con la condición de la desmilitarización de la zona y el freno de los asesinatos. Nosotros anduvimos ayer por esa ruta y se notaba que no era lo mismo que antes que había gran cantidad de bloqueos que sostenían en su mayoría comunidades originarias o campesinas.

Más allá de lo masivo de las movilizaciones, ¿Qué sectores se involucran en los reclamos?

– Hay una cuestión para pensar en este contexto, que por ahí se asimila con el proceso de Chile, y así también lo plantean muchos hermanos colombianos, que es que hay tres actores que están participando del Paro Nacional, que son el movimiento histórico organizado, las nuevas dinámicas que han aparecido que tienen que ver con la juventud principalmente, con las mujeres también, sectores ambientalistas y las asambleas barriales, que no tienen la lógica que nosotros conocemos históricamente como puede ser la del movimiento sindical; y después tenés otro actor que es el resto de la sociedad que va a acompañando el paro en función de su vida cotidiana, sus tiempos, etc.

Colombia hoy

El Comité Nacional de Paro emitió ayer un comunicado titulado “Con con militarización y violencia el gobierno nacional bloquea la negociación”. Aquí, los párrafos salientes:

A 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el país, en las que las y los colombianos urgen la solución a las necesidades que nos aquejan y exigimos vías democráticas para ser escuchados, el gobierno nacional sigue haciéndose el de los oídos sordos. A la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en las calles. Se mantiene en silencio no solo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación, como forma razonable de abrir espacio a escuchar y resolver las justas razones de las movilizaciones.

El gobierno nacional ha priorizado los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes y el tratamiento militar contra quienes ejercemos el legítimo derecho a la protesta. Los miles de detenidos, los cientos de heridos, de ellos 51 con lesiones oculares y los más de 70 personas asesinadas, 14 de ellas en la noche del viernes en Cali, por la policía y por personas vestidas de civil que acompañan a efectivos de policía, dan cuenta del horror desatado, inadmisible en cualquier Estado democrático. Igualmente, el Presidente de la República y el gobierno siguen guardando un silencio cómplice con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, el ESMAD, al igual que el ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales en contra de quienes ejercemos el derecho a la protesta.

En los últimos dos días, la simulada voluntad de negociación del gobierno nacional, resultado de la contundencia de la protesta social y de la presión internacional, se desvaneció por completo, son múltiples y nítidas sus expresiones: el Ministro del Interior desautorizó a dos viceministros que habían ya firmado un acuerdo para aliviar el corte de vía en Buenaventura, en una alocución desde Cali el Presidente anuncia el más grande despliegue militar en el sur occidente, el Ministro de Justicia Wilson Ruiz, afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc., y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila señala en una entrevista que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.

El viernes al final de la noche el país conoce el decreto 575, que impone asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes. Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado. Al respecto son muy esclarecedoras las últimas declaraciones de la CIDH “Reitera las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna, y los estándares interamericanos que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”, y “Los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Después de seis días, en la madrugada de hoy el gobierno nacional nos envió observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías de protesta que habíamos logrado cerrar después de 9 días  de exploración y concertación el pasado lunes 24 de mayo. Con los “ajustes” el gobierno pretende que iniciemos de nuevo la discusión, saca temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del ESMAD, la apertura de un debate sobre la reforma de la Policía, el uso de instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución de este conflicto, las declaraciones condenando las violaciones de derechos humanos y la estigmatización en las protestas y la comisión de garantías que realizaría seguimiento al acuerdo, entre otras. Además, incorporan una exigencia al Comité Nacional de Paro, para que condenemos y criminalicemos los cortes temporales de vías, o mal llamados “bloqueos”, desconociendo la postura que hemos hecho pública y las decisiones que se han tomado en varios territorios de reorientar los cortes de vías. No se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación.

Todo esto coincide con las declaraciones del expresidente Uribe en una entrevista a un periódico español donde señala que al Presidente Duque le falta firmeza en el manejo del paro y con la declaración del partido de gobierno, el Centro Democrático, donde solicitan militarización y rechazan cualquier negociación con el Comité Nacional de Paro.

El Comité Nacional de Paro, coincide y agradece las declaraciones del representante especial de Secretario General de la ONU, cuando señala “la necesidad de fortalecer el diálogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos”, y la declaración de 17 embajadores de la Unión Europea manifiestan “respaldamos el diálogo y la negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis”. Igualmente nos alegra y acompañamos a los gobernadores y alcaldes que han manifestado su rechazo al decreto 575 y el anuncio de continuar buscando la vía del diálogo.

Tenemos la convicción de que en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho podremos resolver este conflicto mediante el diálogo y la negociación y exigimos que se firme el preacuerdo de garantías logrado el 24 de mayo, al gobierno nacional y a quienes acompañan este proceso de interlocución, Monseñor Héctor Fabio Henao de la Conferencia Episcopal, a Carlos Ruiz Massieu jefe de la Misión de Verificación de la ONU, y Julieth de Rivero jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personas e instituciones que han venido acompañando este proceso.

El Paro Nacional continua, y por ello convocaremos a realizar las más grandes organizadas y pacíficas movilizaciones de nuestra historia, a impulsar un gran diálogo con la juventud y la sociedad sobre las agendas de cambio que la ciudadanía está exigiendo en las calles y a convocar a una cumbre social y política en defensa de la democracia.

Por Canal Abierto

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