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ATE

Ante las versiones periodísticas referidas al acuerdo salarial que el gobierno provincial estaría por establecer para el corriente año, la ATE provincial reafirmó el reclamo de una suma fija de 5000 pesos al básico para todos los trabajadores provinciales. Asimismo exigen al Ejecutivo provincial el fin de su política discriminatoria con ATE, al no cumplir con los fallos judiciales y la legislación laboral para el ámbito del Estado.

Vale señalar que el
incremento de precios de los productos básicos es uniforme para todos,
independientemente de la categoría que hayan logrado. Así, la carne, el pan, el
papel higiénico o el arroz se cobra por igual los comercios, más allá del cargo
que tenga cada compañero.

Esta presunta recomposición apenas compensaría lo que
perdimos de capacidad adquisitiva durante el año pasado, cuando la inflación
superó ampliamente los acuerdos salariales, que nuestro gremio rechazó en su
oportunidad.

En ese sentido, tampoco estamos de acuerdo con las
hipotéticas sumas no remunerativas que se habrían estipulado, ya que sostenemos
que todos los aumentos deben realizarse al básico, por el impacto que genera en
los jubilados. De otra forma, estaríamos avalando la profundización de la
estafa previsional que el gobierno cordobés viene perpetrando con los trabajadores
que aportaron a la Caja de Jubilaciones durante toda su vida laboral.

En consecuencia, reclamamos salarios que cubran la canasta
familiar para lograr la dignidad que nos merecemos como trabajadores y no
acuerdo a las apuradas para garantizar al gobernador tapas de los diarios
durante el año electoral.

De la misma forma, desde ATE- Córdoba dejaron expresamente
aclarado que “no podemos rechazar un acuerdo del que no tenemos conocimiento,
toda vez que el gobierno no nos convocó a la discusión de haberes del 2015, a
pesar de la obligación legal que se lo exige”.

Al mando de José Manuel de la Sota, el Ejecutivo provincial
mantiene vigente su política discriminatoria con ATE, sin cumplir con los
fallos judiciales por todos conocidos y la legislación laboral para el ámbito
del Estado. Para el CDP “esto confirma el perfil autoritario y discriminador de
un gobierno que funda su costosa campaña publicitaria sobre las espaldas de los
trabajadores activos y los jubilados”. Por eso afirma que el supuesto ‘estilo
dialoguista’, que el gobernador promociona en su costosa campaña proselitista,
no tiene correlato con la realidad en Córdoba.

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