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Desde ATE SENASA se impulsó el beneficio para que el niño recién nacido tenga el mismo derecho que otros bebés en su condición a recibir el cuidado familiar.

Un trabajador que cumple funciones en el Centro Regional de SENASA Córdoba recibió una licencia de 100 días para poder cuidar a su hijo recién nacido, al igual que podría corresponder a una madre, a partir de una resolución realizada por la presidenta del organismo, Diana Guillén, y a instancias de ATE.

El compañero Gastón Pérsico es ingeniero agrónomo y su caso trascendió en el país a partir de que se trata de un varón homosexual casado que tuvo un hijo por medio del método de vientre subrogado y que demandó acceder al mismo periodo de licencia que tiene una madre para la legislación laboral nacional, a los fines de realizar los cuidados de su hijo.

La resolución se enmarca en el enfoque de género provisto, entre otras herramientas por la Ley Micaela, y en la decisión de impulsar la no discriminación y la igualdad ante la ley para personas que, sin ser gestantes, pueden tomar el “rol materno” en la crianza de un hijo recién nacido. “La decisión institucional se fundamenta en la necesidad de avanzar en ‘los derechos conquistados’”, detalló Guillén. Y apuntó que “hay un camino que lleva a la ampliación de derechos y al debate desde la perspectiva de género y diversidad sexual –argumenta–, entre los cuales un hito importante es la sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela”. Y reflexiona en torno a los nuevos modelos de familia “sobre la necesidad de atender no solo a los derechos del trabajador, también a los del recién nacido”.

 “Hicimos una demanda judicial previa y en enero, cuando estuvo en marcha el proceso de gestación, presenté una nota en Recursos Humanos de SENASA. Con ayuda de ATE esto escaló hasta la presidenta Gillen, que finalmente habilitó que me autoricen y hoy en día estoy en uso de la licencia”, explicó el compañero.

“La licencia de 100 días al padre que “ejercerá el rol materno” –indica la norma–, es hoy un nuevo hito en la conquista de derechos laborales. No sólo para el SENASA sino para la administración pública nacional. Y se define, explican desde el departamento jurídico del organismo, por la necesidad de “proteger el interés superior de los menores y garantizar la consecución de los derechos y obligaciones que los trabajadores y trabajadoras tienen en el ámbito de sus responsabilidades parentales con ellos”, explicó al respecto el diario Página/12.

Pérsico afirma que en diálogo con la prensa que “había un vacío legal. Y hubo funcionarios dedicados a atender el pedido, positivamente, atentos a los tiempos que corren. La subrogación de vientre no está reglamentada y que las licencias por nacimiento que están contempladas legalmente no están adecuadas a los nuevos tipos de familia. Hace falta una ley específica que regule esta realidad y que adecue la cobertura de las obras sociales y los beneficios de la normativa laboral a familias subrogantes”.

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