"La
Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social, y
necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla",
resalta el primer párrafo del documento suscrito esta tarde por la Central y un
conjunto de actores políticos, económicos y sociales en Casa de Gobierno.

El acuerdo
presentado por el Gobierno del presidente Alberto Fernández y refrendado por
las centrales sindicales, referentes patronales y movimientos sociales propone
como desafío “construir una nación solidaria, desarrollada y justa", y
generar “instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas
definidas” de manera de "contribuir con un esfuerzo extraordinario a la
obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a
ninguna le debería faltar”.

En ese
sentido, el secretario General de la CTA-A, Ricardo Peidro, destacó al término
del encuentro “la decisión del Gobierno de abrir los canales para recibir
propuestas, principalmente en lo prioritario como el hambre y el trabajo, así
como también el compromiso del Presidente de no pagar la deuda a costa de los
más pobres”.

El
Secretario Adjunto de la Central y titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro”
Godoy se expresó en esa misma línea al considerar que “hay una deuda externa
que intenta condicionar el futuro del país”, aunque aclaró que la condición de
los firmantes del documento es “resolver la cuestión del hambre, el trabajo y
la soberanía alimentaria”.

Por su
parte, Claudia Baigorria, también Secretaria Adjunta de la CTA-A, celebró que
“a partir de ahora se abre una agenda de temas para discutir las problemáticas
de la clase trabajadora, la producción y el campo”.

El acuerdo
propone a su vez un "Compromiso Argentino de Solidaridad”, el cual
sostiene la urgencia y la necesidad de contar con un nuevo esquema de
actualización de las jubilaciones pero también de las tarifas de los servicios
públicos.

Se entiende,
además, que este documento de consenso es la antesala del llamado a constituir
un Consejo Económico y Social, para lo cual el Gobierno nacional estaría por
enviar el proyecto de ley al Congreso de la Nación.