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ATE Nacional y el ISSTATE denuncian que Macri garantiza el negocio millonario de la enfermedad y plantean un nuevo paradigma de prevención.

El decreto 669/2019 cambia el cálculo de
intereses respecto del monto de las indemnizaciones fijadas por la ley de Riesgos
del Trabajo, y trae aparejado su disminución. El Gobierno justificó la medida
en los supuestos “incrementos desmedidos” que resultan del actual índice con el
que se calculan las indemnizaciones.

Esto da cuenta de que, según la mirada del
Gobierno, la inflación y las altas  tasas
de interés afectan más a las ARTs que a las/os trabajadores que han sufrido un
grado de incapacidad.  O aún peor, que
han perdido la vida.

¿Pero cuál es el estado financiero de las
ARTs? Por ejemplo, La Segunda  que tiene
el 7,5% del mercado tiene un patrimonio de 10 mil millones de pesos. En 2018, tuvo
una ganancia de unos 517 millones. Y así podríamos analizar el resultado de las
principales firmas con rendimientos similares.

Para los/as trabajadores que sufren
accidentes laborales la situación es grave. Tener un grado de discapacidad los/as
pone en inferioridad de condiciones para continuar con su tarea, y ni que
hablar si debe conseguir nuevo empleo.

Es claro que la vara no es la misma: cuidar
los intereses del sistema financiero sigue siendo una prioridad para el
gobierno de Macri y todas las ARTs pertenecen a ese sistema. En este caso, ni
siquiera se pone la excusa de cuidar a las PyMEs de lo que ellos denominan la
industria del juicio. Por el contrario, esta medida traerá innumerables pedidos
de inconstitucionalidad.

Lo de Macri parece así un ensañamiento de
clase. Sus víctimas preferidas son los niños/as de los sectores más humildes,
los jubilados, y ahora le agrega las/os trabajadores que se accidentan.

Hacia
un nuevo paradigma

En tanto, la solución real no pasa por
discutir montos de reparación de daños. Cualquier cifra será insuficiente para
quien ha perdido parte de su salud o la vida misma. Por ello, desde ATE  planteamos que la discusión de fondo es cómo se hace prevención.

En esta etapa democrática ningún Gobierno
asumió esta discusión y es imperativo un instrumento que incluya en el debate a
todos los actores sociales involucrados a nivel macro y por sectores. Se requieren
reuniones mensuales, no sólo cada vez que quiere el Gobierno, como sucede con
el actual Consejo Consultivo Permanente, creado por la Ley de Riesgos del
Trabajo.

Proponemos la conformación de comités
mixtos resolutivos -no de consulta- y delegados o representantes sindicales de
salud y seguridad en cada lugar de trabajo. La pseudo- capacitación que hacen
las ARTs no resulta eficaz en absoluto, el estado debe tener la obligación de
capacitar a todos los actores que integran los comités mixtos o
delegados/as  de prevención.

La
enfermedad con origen o vinculada al trabajo está totalmente oculta para el
sistema formal de riesgos del trabajo
. En el 95% de
los casos se recurre al hospital o la obra social y nuestro sistema imperante
de diagnóstico y tratamiento no investiga ni vincula nuestras labores o el
medio ambiente en el que vivimos como posible causa de enfermedad.

Sin conocer las causas es muy difícil
prevenir. El paradigma debe cambiar por
uno que privilegie la salud y no el negocio de la enfermedad.
 

Para ello, ratificamos que se debe derogar
la ley Riesgos del Trabajo, crear un ente público no estatal de administración
conjunta de trabajadores, empresarios y el Estado, que atienda las prestaciones
médicas y dinerarias, y poner en marcha mecanismos de participación y decisión
de las/los trabajadores como los descriptos anteriormente, tal como se planteó
en el  proyecto presentado en el año 2012
por el entonces diputado nacional por Unidad Popular, Víctor De Gennaro.

Para ATE, la muerte por el trabajo es un
crimen y, en ese sentido, rescatamos y reivindicamos la experiencia uruguaya
de  ley 19.196 que establece la
responsabilidad penal del empleador “cuando incumpliere con las normas de
seguridad y salud”, que ha contribuido a bajar significativamente la cantidad
de accidentes en los lugares de trabajo.

En el caso particular de Argentina, se
deben establecer  penalidades específicas
para los funcionarios/as  de los
gobiernos que incumplan con normas que ponen en riesgo la salud y la vida de
quienes trabajamos.

ORESTES BETO GALEANO                                                                HUGO GODOY

DIRECTOR ISSTATE                                                                       SECRETARIO GENERAL ATE

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