Luego de una ardua lucha sindical y un extenso proceso judicial, las trabajadoras despedidas arbitrariamente por el intendente Rafael Carrara, que son afiliadas a la ATE Chaco, fueron reincorporadas a sus funciones en la municipalidad de Corzuela por orden judicial.

El jefe comunal había desobedecido reiterados fallos de los tribunales al respecto, pero la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Resistencia lo intimó a cumplir con lo ordenado por la Resolución N°210 de mayo de este año, bajo apercibimiento de aplicación de multas por cada día de retraso y de correr vista a un fiscal de investigación penal por incumplimiento judicial.

Las trabajadoras fueron reubicadas en tareas administrativas, en forma provisoria hasta tanto las destinen a sus lugares de trabajo definitivos. El compromiso alcanzado con el intendente incluye el pago de haberes estipulado mediante la justicia a través de un amparo, el cese por acuerdo de litigio, y el pago del retroactivo completo de haberes.

La resolución judicial instaba a que las trabajadoras fueras incorporadas “al plantel de planta en la categoría que ostentaban, garantizando condiciones dignas y equitativas de labor, y la percepción de sus haberes hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la acción principal”.

Tras el dictado de resolución de mayo, las trabajadoras se habían presentado en el municipio de Corzuela para trabajar, pero no se les había permitido ingresar a su lugar de trabajo. En ese contexto, dejaron asentada la denuncia por el incumplimiento de la medida judicial ante la comisaría local.

“Muchas veces los intendentes se sienten libres para operar arbitrariamente, haciendo caso omiso a los derechos básicos de trabajadoras y trabajadores, y desoyendo a la justicia. La fortaleza de las compañeras, que supieron reponerse de daños físicos, emocionales, psicológicos y económicos, permitió llevar adelante esta pelea de meses que alcanzó el resultado que esperábamos”, expresó el secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.