El Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma, Carlos
Ferreres, detalló: “La política de ajuste aplicada por el Gobierno de Macri
provocó graves perjuicios y zozobras sobre una amplia capa de la población,
incluida, principalmente, las personas con discapacidad. Al poco tiempo de
asumir, el Gobierno empezó con la quita de Pensiones llegando al 2017 con la
brutal baja de 70.000 de un plumazo. La Ministra de Desarrollo Social, Carolina
Stanley, admitió que se le pidió un recorte en su área y no devolvió las
pensiones que la Justicia la intimó a efectivizar ante cientos de amparos”. Y
la avanzada de recortes continúa con un nuevo decreto que intenta dar de baja
pensiones por invalidez.
“Dicha disposición se fundamenta en un DNU del menemismo de
1997, que exige para su otorgamiento condiciones de pobreza de toda pobreza lo
cual responde a una concepción regresiva, absolutamente repugnante a la
Convención y al derecho a una vida autónoma y a la inclusión en sociedad en
igualdad de oportunidades de las Personas con Discapacidad que ésta consagra, en
tanto sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, explicó Ferreres.
Asimismo, el dirigente señaló otras medidas atentatorias
contras las personas con discapacidad: “Mediante un DNU anticonstitucional que
colisiona con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con
Discapacidad, el Gobierno disuelve la Comisión Nacional de Discapacidad, la
Comisión Nacional de Pensiones cuyas funciones y personal son absorbidas por la
Agencia Nacional de Discapacidad que crea el mismo DNU. Ninguna ONG de Personas
con Discapacidad, de padres y familiares fue consultada. Tampoco profesionales,
especialistas, trabajadores, tal como lo establece la Convención que tiene
rango constitucional en nuestro país. Lo concreto es que se quitaron miles de
pensiones, que no hay políticas para acceder a un trabajo digno, que las Obras
Sociales retacean y niegan tratamientos, medicamentos y otras coberturas, que
no está garantizada la rehabilitación y la reinserción laboral, que la
educación inclusiva en todos sus niveles está solo en los papeles y que muchos
otros derechos que no se cumplen impiden la participación social y la dignidad
de las Personas con Discapacidad”.
Por todo esto ATE y la CTA-A, con el objetivo de lograr la anulación
de dicho DNU, trabajaron con el Diputado Daniel Arroyo para presentar un
proyecto de Ley solicitando su derogación.
La iniciativa surgió como uno de los resultados de la
jornada de trabajo y debate realizada el pasado 4 de mayo en la Cámara de
Diputados, que contó con la participación de representantes del Departamento de
Discapacidad de ATE; de las áreas de discapacidad de distintas centrales de
trabajadores; de profesionales y especialistas en la materia, así como de
entidades intermedias vinculadas a las problemáticas de las personas en
situación de discapacidad. La mencionada jornada tuvo, entre otros objetivos,
analizar la implementación en Argentina de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
La Ley 26.378 aprueba la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y la Ley 27.044 otorga jerarquía constitucional a
la misma, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 75 inciso 22
de la Constitución Nacional.
El Preámbulo de la Convención señala que se garantizan
derechos desde una visión “amplia e integral para promover y proteger los
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque
holístico (…) en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la
no discriminación”. Afirma, a su vez, que “la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
