Ninguna autoridad patronal está en condiciones
legales de imponer reglamentos ni normativas que condicionen los derechos
constitucionales de los trabajadores, que la carta magna sólo permite realizar
al Congreso de la Nación en su artículo 75, inciso 12.
Lo que en realidad pretende Mestre es imponer por
la vía de la ordenanza, a través de un Concejo Deliberante a punto de caducar
en su mandato, la prepotencia de la fuerza ante el legítimo derecho a la
protesta de los trabajadores que, como bien expresa su organización sindical
Suoem, rechazan una reconfiguración interna del municipio que afecta sus
derechos laborales.
Para la ATE “de aprobarse, el proyecto de
ordenanza chocará de lleno con la ley nacional 23551 de Asociaciones
Sindicales, que en su artículo 23 inciso E determina que las asociaciones
sindicales tienen el derecho de realizar asambleas sin necesidad de
autorización previa”.
Vale señalar que el derecho de asamblea hay que
distinguirlo como un complemento indisociable del derecho a huelga protegido
por la Constitución. Por lo tanto, todo intento de reglamentación es
indefectiblemente inconstitucional.
Además, el derecho de asamblea está íntimamente
ligado al antiguo derecho de reunión, relacionado con todas las históricas
luchas sociales. En consecuencia, su reglamentación no sólo afecta el derecho
colectivo de los trabajadores sino también sus derechos individuales,
garantizados en el estado de derecho.
Por todo ello, ATE se solidariza con los
trabajadores municipales de Córdoba y con su organización sindical y sostiene
su más enérgico repudio a todo intento de limitar los derechos fundamentales de
la clase trabajadora.
Asimismo, ATE expresa su rechazo a la creación del
Ente municipal que origina el conflicto en la municipalidad, verdadero estado
paralelo en las sombras que preanuncia un nuevo descalabro en la gestión de
servicios, bienes y recursos
