La medida se adoptó mediante la resolución 91/2021, firmada por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, y publicada en el Boletín Oficial, que comprende a todos las y los trabajadores de la Administración Pública Nacional del país.

Se señala en la norma que “serán convocables al retorno a la actividad laboral presencial los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19”, autorizadas en la Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, luego de 14 días posteriores a la inoculación.

La modalidad de prestación de trabajo deberá ser notificada fehacientemente por su superior jerárquico a cada agente por lo menos 72 horas hábiles antes de su efectivo cumplimiento, y quedan exceptuados de la obligatoriedad del trabajo presencial sólo los empleados con inmunodeficiencias, categoría que comprende a los pacientes oncológicos, con HIV, y trasplantados, y a las personas gestantes.

En ese marco, el Secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy expresó que “el regreso a la presencialidad se debe dar de manera cuidada y progresiva, respetando los protocolos, los distanciamientos, las comorbilidades, completar la vacunación y respetando burbujas”.

Y agregó: “el gobierno tiene que garantizar la vacunación de todas y todos los trabajadores estatales y hoy sabemos que hay un 30% que todavía no fueron vacunados”.

“No sólo basta con que se adapten los protocolos, además el gobierno tiene que garantizar la estructura de cada organismo, una tarea que se tendrá que ir emprolijando con el correr de las semanas”, amplió Godoy.

Finalmente, subrayó que “aquellos trabajadores y trabajadoras que no quieren vacunarse, si bien hay que garantizar el derecho de todos y también los individuales, el gobierno tendrá que adoptar medidas de prevención con hisopados, ventilación o en espacios específicos para que desarrollen su tarea sin riesgos”.