“Es muy
importante que se haya aprobado de forma unánime por Diputados, y no tenemos
ninguna duda de que en el Senado va a salir en el mismo sentido”, confía el
Secretario General de ATE. Es que, como no es costumbre, fue total el apoyo a
la iniciativa por parte del conjunto de la Cámara de Diputados: 227 votos a
favor y 0 en contra. Al respecto, Víctor De Gennaro reconoce que se trata de “una
muestra de consenso muy grande y un reconocimiento por parte de las
autoridades. Fue contundente en apoyo”. A su vez, el diputado nacional resalta
que de aprobarse, el proyecto dará “estabilidad y a la vez tranquilidad a los
trabajadores y sus familias”.
El objetivo
de la iniciativa es que las mencionadas fábricas militares permanezcan bajo la
órbita del Estado Nacional sin posibilidad de futuras privatizaciones. “Entendemos
que sacar de sujeto a privatización implica que también se empiece a pensar una
política de desarrollo, para volver a tener emprendimientos industriales del
Estado que estén más allá de la oferta y demanda sino que tengan producción
estratégica”, asegura Julio Fuentes.
“Ahora la
lucha tenemos que direccionarla a tener un Convenio Colectivo de Trabajo en el
sector. Aunque parezca mentira, los trabajadores de Fabricaciones Militares no
tienen negociación colectiva. Por eso, reclamamos al Gobierno que abra los
espacios de discusión para alcanzar este derecho constitucional”, asevera Julio
Fuentes.
Una lucha de los trabajadores
“Hace dos
años empezamos a trabajar sobre el proyecto”, afirma Cristian Colman,
Secretario General de la seccional Rio Tercero y trabajador de la Dirección
General de Fabricaciones Militares (DGFM). Fueron numerosos los plenarios y el
debate, así como también el trabajo de organización que respaldaría la
consiguiente lucha. “Recorrimos despacho por despacho en el Congreso, hablamos
con legisladores de distintas banderías para que se cumpla con nuestro reclamo.
Y para ello tuvimos el apoyo del CDN y Julio Fuentes”, cuenta.
“En Río Tercero en los ’80 éramos 2 mil
trabajadores”, recuerda Colman. Hoy –explica- suman 623, llegando a los 2200
compañeros a nivel nacional.
Walter Secondino es el Secretario
General de la seccional Villa María y también trabajador DGFM: “Este es un gran avance para
nosotros, y nos llena de satisfacción, porque sabemos que esto se debe al
empuje de los compañeros, al empuje de ATE. Nosotros jamás abandonamos la
pelea. Desde 1994, cuando con la reforma de la Constitución Nacional pusieron a
Fabricaciones Militares bajo la figura de ‘sujetas a privatización’, nosotros
siempre estuvimos luchando para evitar el cierre”.
“Fue muy
difícil. De los 25.000 trabajadores que el sector supo tener, pasamos a apenas
2.000 en el año 2000. Se paró la inversión, se redujo el presupuesto. Sin
embargo, ahora parece haber un atisbo de esperanza”, asevera Secondino, y
lanza: “ATE siempre estuvo ahí para nosotros, bancando la pelea a través de los
años”.
Por su
parte, Miguel Peyrano, dirigente CDN y trabajador de la fábrica Fray Luis
Beltrán reconoce: “Es un paso adelante para dejar sin efecto esta medida de la
segunda década infame”.
“Esto es un
triunfazo, una alegría inmensa. La lucha de los trabajadores organizados en
ATE, que vienen resistiendo desde la década de los ’90, llegó hasta este
momento tan importante, y eso nos llena de orgullo. Sabemos que todavía falta
la sanción en la Cámara de Senadores, pero habiendo logrado una votación
unánime en el recinto de diputados, no creo que vaya a haber mayores
inconvenientes para lograr que el proyecto siga su curso”, manifiesta con una
notable alegría en su voz Vanina Zurita, Secretaria General de la seccional
Azul Prov. Buenos Aires.
Reactivar la industria
“Para
quienes hemos resistido el desguace del Estado en los 90´, este es un momento
importante. Es un buen antecedente. De todas maneras, esta noticia tiene que
servir para que empecemos a discutir cuál es el rol de fabricaciones militares.
A partir de ahora se puede pensar seriamente pensar un proyecto que reactive a
fabricaciones militares, que haga que los compañeros que trabajan allí
recuperen aquella mística histórica de la producción para la defensa”, lanza
Víctor De Gennaro, diputado nacional.
Los 90´
El texto tratado
en la Cámara Baja recuerda que con la sanción de la nefasta Ley de Reforma del
Estado (17 de agosto de 1989) se declaró en estado de emergencia la prestación
de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector
público y la situación económica-financiera de la Administración Pública
Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del
Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria y sociedades de economía mixta. Luego, en julio de 1990, se
declararon por decreto “sujetas a privatización” las unidades productivas y
fábricas militares dependientes de FM, lo cual sería aprobado por Ley Nº
24.045.
Ese fue el
marco en el que se llevó a cabo el proceso de privatización de la mayoría de nuestras
fábricas. Por diversos motivos fueron cuatro las dependencias que no se vieron
alcanzadas por el desguace: fábrica militar de pólvoras y explosivos “Azul”, la
fábrica militar “Fray Luis Beltrán”, la fábrica militar “Río Tercero” y la
fábrica militar de pólvoras y explosivos “Villa María, las que conforman la
Dirección General de Fabricaciones Militares dependientes del Ministerio de
Defensa de la Nación.
