Los trabajadores y trabajadoras de la Inspección General de
Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, con representación de la ATE-
Chaco, que desde hace tres semanas se encuentran llevando a cabo una medida de
fuerza, volvieron a reclamar al Ejecutivo provincial la actualización del Fondo
Estímulo y cumplimiento de los puntos tratados en diferentes audiencias, uno de
ellos el pase a planta de los compañeros precarizados respetando la antigüedad
y funcionalidad de cada uno en el organismo.

En un comunicado hecho público la sectorial señaló que “las tareas
en toda la Institución se encuentran disminuidas y en algunos sectores
suspendidas totalmente”. Los trabajadore/as de esa Inspección están ejerciendo
su derecho a huelga. En ese sentido “creemos necesario dejar constancia que de
realizarse ingresos o egresos de documentación, mala registración de rutas de
expedientes o pérdida de documentación importante, no serían los responsables.
Dejando así expuesto un funcionamiento fuera del margen de la seguridad
jurídica del proceso administrativo, con personal nuevo o becado, que no posee
la capacitación necesaria para cumplir con idoneidad las tareas que se realizan
en esta Entidad Registral y la valiosa documentación que obra en la misma,
tampoco poseen relación de dependencia con el Estado por lo tanto carecen de
responsabilidad y se apartan del marco del Estatuto del Empleado Público y
reglamentación interna de esta repartición”.

Asimismo repudian y denuncian “el avasallamiento de la carrera
administrativa de los trabajadores, la intención de imponer una estructura
Orgánica sin el análisis técnico correspondiente, ni el consenso y aval de los
trabajadores; y la articulación del Ejecutivo en connivencia con otro gremio el
cual no tiene representatividad mayoritaria dentro del Organismo, ejecutando
acciones a espaldas de los trabajadores a través de representantes que no
poseen el mandato de los compañeros y compañeras de esa Inspección General,
haciendo firmar engañosamente a una selección de compañeros Actas de Asambleas
que no se realizan”. 

Finalmente también repudian “todo acto discriminatorio y violencia
institucional que se ejerza sobre quienes deciden adherirse al paro,
entendiendo que los reclamos son legítimos y que el público en general debe
tomar conocimiento de la real situación del organismo y problemática de los
trabajadores que son servidores de los mismos”.