Cristina Santillán es una enfermera municipal de Azul que,
tras padecer violencia de género durante casi 40 años, está presa por
defenderse de su ex-marido y victimario, Ricardo Hernández. El 22 de agosto comienza el juicio por
jurados que la tiene como principal acusada.
Cristina padeció la violencia machista en todas sus
expresiones: psicológica, física, sexual y económica. Sus dos hijos y su hija
–hoy ya adultos- nacieron y se criaron en ese contexto en el que la violencia
de género era lo cotidiano.
El 16 de septiembre de 2014, Cristina se defendió para
impedir agresiones que podrían haber comprometido la vida de ella y la de su
hija. Producto de las lesiones ocasionadas, Hernández quedó internado. Ocho
meses más tarde falleció en un geriátrico, a raíz de una infección.
Desde el 17 de octubre de 2014, Cristina está presa. En la
actualidad, con prisión domiciliaria. La fiscal a cargo de la causa –Dra. Laura
Margaretic- ordenó esa medida desconociendo la gravedad de la violencia padecida
hasta ese momento por ella, omitiendo así todo el marco legal, nacional e
internacional sobre Violencia de Género.
Cabe aclarar que en el momento de los hechos, Cristina tenía
licencia psiquiátrica como consecuencia del sistemático y prolongado maltrato
que padecía. Esa licencia es el eufemismo al que acuden las mujeres
trabajadoras del estado, por no contar aún con la tan reclamada Ley Nacional de
Licencias por Violencia de Género.
Elsa Teló, del equipo de género de ATE Azul, remarcó: “Lo
que nos importa es denunciar por qué y cómo Cristina no fue defendida por el
Estado, como correspondía. Lo que ella hizo fue evitar que él la matara. Venía
siendo golpeada y amenazada”. “Cristina sigue presa por ser mujer y pobre, y
exigimos que la justicia tenga una mirada de género”, denunció la dirigente
azuleña que es parte de la Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul.
Esa multisectorial viene realizando acciones de
visibilización y denuncia por el caso de Cristina desde 2015. La marcha “Ni una Menos” fue la que hizo confluir a
diferentes organizaciones, cuyo primer logro fue conseguir el cambio de la
defensa letrada de la compañera. Quien llevaba la causa desde el inicio era un
abogado particular, sin perspectiva de género, cuyas medidas atentaban aún más
contra los derechos y la integridad de Cristina.
Otra de las grandes luchas que está dando la AMLA es por su
derecho al trabajo ya que, por su privación de la libertad en contra del
principio de inocencia, la Municipalidad dejó de pagarle el salario,
argumentando que no va a trabajar. Su hija, con quien convive, está
desempleada.
La Defensa, a cargo de un equipo coordinado por el Defensor
General de Azul, Diego Lucas Fernández, e integrada también por la Dra. Mariana
Macciaro y el Dr. Diego Araujo, exige que el hecho se investigue como un acto
de legítima defensa en un contexto de violencia de género. “El caso de Cristina
muestra que, cuando se llega a situaciones extremas, se debe a una ausencia de
políticas preventivas adecuadas desde el Estado”, indicaron. Además, destacan
que las lesiones que le provocó Cristina a Hernández no fueron la causa de su
fallecimiento.
Por eso, desde ATE y AMLA resaltamos que Cristina no sólo
fue una víctima de su ex-marido, sino que además fue y es víctima del Estado y
de la Justicia, machistas y patriarcales, que desprotegieron su integridad
física, psicológica y emocional durante 38 años, generando aún más violencia,
al tenerla privada de su libertad y
someterla a un juicio por haber actuado con valentía para defender su vida y la de su hija.
POR LA LIBERTAD DE CRISTINA SANTILLÁN, NI UNA VICTIMA MÁS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
