Los reclamos se centran en la Dirección de Arquitectura, de Transporte, de Parques, el Ente de Infraestructura, el Servicio Provincial de Agua Potable y Construcciones Escolares.
A 11 años de aquella histórica primera movilización que marcó un antes y un después en el país, el Sindicato sigue sosteniendo las mismas banderas: memoria, justicia, igualdad y una vida libre de violencias para todas.
El reclamo del Sindicato gira en torno a la formalidad de la legislación y derechos mediante los cuáles deben proveerles los elementos que hagan a una efectiva prestación de Servicios.
El congreso permitió poner en común experiencias, analizar los desafíos actuales del sistema educativo y reafirmar el compromiso de seguir defendiendo una educación de calidad, inclusiva y con condiciones laborales dignas para quienes la sostienen.
“Hay que entender que la educación es una herramienta fundamental para el futuro de nuestros jóvenes y trabajadores. Defender la universidad pública es también defender el acceso, la igualdad y el derecho a formarse”, subrayaron desde ATE.
El Congreso provincial tuvo la participación de las seis Seccionales con que cuenta ATE en la provincia. Además tuvo entre otras presencias la del Secretario del Interior, Vicente Martí y los secretarios generales provinciales.
“Estamos profundamente preocupados por la situación que viven las y los trabajadores estatales. Tenemos un Gobierno nacional cuya prioridad es la reducción y el achique del Estado”, enfatizó el titular de la ATE Tucumán, Jorge Flores.
Este piso salarial para el primer semestre del año implicó una suba en una sola cuota de unos 120.000 pesos de aumento salarial, que también va acompañado de una suba del 60% en las asignaciones familiares, que pasaron de 25.000 a 40.000 pesos.
La ATE también reclamó por deficiencias en las condiciones operativas, que se relacionan con la entrega de combustible, el parque automotor y demás necesidades que se requieren para el correcto funcionamiento del servicio.
En la marcha se plantearon pedidos de justicia en casos de violencia de género, cuestionamientos a las demoras en procesos judiciales y denuncias de re victimización de mujeres que acuden al sistema judicial en busca de protección.
