Luego del rechazo a la propuesta salarial del 6,6% para la Administración Pública Nacional, ofrecida por el Gobierno, el Sindicato advirtió que, para recuperar el poder adquisitivo, sería necesario un incremento del 47,9%.
El Sindicato puso en agenda la defensa de la soberanía, frente a un Poder Ejecutivo Nacional que pretende modificar la ley que regula y limita la cantidad de territorio nacional que puede estar en manos de personas o empresas extranjeras.
Como parte de la agenda federal del sindicato, se resolvió replicar próximamente una gran jornada de lucha en la Unidad Turística de Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba.
Con remuneraciones por debajo de la línea de la indigencia, el Sindicato reitera el reclamo del sector docente y civil peor pago del país.
En medio de una grave crisis social en el vecino país, ATE reafirma su compromiso irrenunciable con la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas de los pueblos a expresarse y organizarse sin persecuciones.
El Gobierno pretende despedir a quienes se encuentran encabezando la protesta en contra del desguace de la empresa estatal, en una nueva práctica de amedrentamiento hacia las y los trabajadores organizados.
La encuesta nacional, a cargo de la Comisión Nacional de Géneros y Diversidades de ATE en el organismo, estuvo motivada por la hostil realidad que viven cotidianamente las y los estatales.
En aquel 2004, la concesión del YCRT estaba en manos de Sergio Taselli. Por entonces desde la ATE se denunciaban que existían las condiciones mínimas de seguridad y aseguraban que la tragedia, tal como ocurrió era por la falta de inversión, de controles y la desidia patronal.
Mediante una radio abierta, el Sindicato expresó la grave situación que atraviesa el organismo público debido al ajuste que impuso el Gobierno nacional. También reclama un aumento salarial y erradicar la precarización laboral.
Los episodios de intensa niebla que tuvieron lugar los últimos días dejaron en evidencia el desfinanciamiento que viene sufriendo el organismo público destinado a regular las operaciones aeroportuarias.
