El 9 de julio de 1816, las y los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron la independencia argentina luego de un proceso de gran conflictividad política a nivel nacional e internacional. Se quebraron así las cadenas con España y se subrayó también el rechazo a toda dominación extranjera.

A 210 años de ese momento histórico fundacional, Argentina enfrenta un nuevo capítulo en su reconfiguración sociopolítica de la mano del Gobierno de Javier Milei. El Poder Ejecutivo que llegó hace 31 meses al poder, marcó a través de sus decisiones políticas un fuerte retroceso en materia de soberanía nacional a partir de la flexibilización de leyes que debilitan las barreras que protegen la industria nacional, los bosques y áreas naturales protegidas y los más elementales recursos naturales como el agua, los glaciares, el petróleo, el litio y el uranio, por mencionar algunos de ellos. También dejó en la calle a miles de trabajadoras y trabajadores estatales que sostenían planes, programas y proyectos que garantizaban derechos a cada sector de la ciudadanía. En ese sentido, el desmantelamiento de la Administración Pública forma parte del mismo Plan de prebenda ejecutado por la derecha que busca que el conjunto de la sociedad deje de creer que es posible vivir en un país justo, libre y soberano.

Para ATE la independencia, proceso en acción permanente, no es solo una linda declaración de identidad sino que requiere de un Estado fuerte, presente y garante de los derechos de la ciudadanía y del orden social, sostenido por trabajadores y trabajadoras en el extenso territorio nacional. Esa senda marca el camino de la verdadera independencia nacional que debería ser el norte al cual caminar como sociedad.