Además de la modificación (resolución 2357/24), que aspira a mejorar la planificación en el otorgamiento de las licencias y la consecuente cobertura de las suplencias, deja sin efecto la Directiva Nº32.
Desde el CDP señalaron que “necesitamos una vocalía que realmente nos represente, que nos informe y tome posición para defender nuestra Ley, el 82% móvil y la edad jubilatoria y que luche junto a las y los trabajadores activos”.
El encuentro es para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y articular con la casa de estudios para brindar capacitación en distintas ramas a nuestras y nuestros afiliados.
El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Entre Ríos presentó en Diputados un anteproyecto “promoviendo la reforma de la Ley 5773/75”. Esta ley autoriza a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos a practicar, en forma permanente, un descuento equivalente al 0,25% sobre los montos nominales correspondientes a los haberes de retirados y pensionados.
Los sindicatos estatales rechazaron el anuncio del gobierno y se declararon en estado de alerta permanente.
Quedó agendado para el próximo encuentro tratar la situación del sistema único de camilleros; precarización de médicos de guardia; llamado a concurso para los profesionales de la carrera asistencial sanitaria; y el Protocolo ante situaciones de violencia laboral y de Género.
Esta instancia se concreta por la articulación entre la Sub secretaría de Gobierno municipal, las secretarías de Formación y Comunicación del CDP y la Junta Interna Municipal.
En las elecciones del 14 de mayo también se eligieron los integrantes del Concejo Superior de la universidad. Daniela Amarillo, delegada de ATE, será parte de este Consejo, también como parte del Frente Trabajadores Unidos.
“Lo primero que hay que frenar es el proyecto de Ley Bases que pasó a revisión en el Senado y hacer caer el Decreto de Necesidad y Urgencia”, subrayó en el acto el titular del CDP, Oscar Muntes.
La ATE reclamó que en el corto plazo se resuelvan los puntos pendientes, cuando el único tema para el que el Gobierno llevó respuesta es el pago del segundo tramo de recategorizaciones establecido en la Ley de Enfermería.
