Con la participación de dirigentes de ATE Nacional, el pasado viernes 10 de mayo el Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado en la Provincia de Chaco llevó adelante su Congreso anual.
Reunidos en asamblea, las y los trabajadores municipales manifestaron sus puntos de reclamo. El principal es la disparidad entre salarios que se da en la localidad, de acuerdo al escalafón provincial o de la comuna.
Al asumir, el gobernador Leandro Zdero vetó la creación del Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros y luego sus funcionarios, desarticularon y precarizaron la Línea 137, único Programa de Atención, Asesoramiento, Contención y Acompañamiento contra las Violencias de Género.
Días atrás la titular del CDP, Dafne Zamudio, subrayó que “el gobernador no nos recibe a pesar de los pedidos de audiencia” y enfatizaba que para recuperar el poder adquisitivo cualquier aumento salarial debería ser mínimamente del 100%.
De esta manera se profundizó la persecución sindical y laboral de la actual gestión contra la trabajadora, quien a comienzos de abril sufrió también una reducción salarial, quedando con un salario menor a los 70 mil pesos mensuales.
La marcha congregó a más de 10 mil personas en Resistencia, entre estudiantes, centrales obreras, sindicatos, organizaciones sociales y políticas.
Ante ello ATE solicitó la urgente revisión de la situación para subsanar la desigualdad salarial en la que se está incurriendo, conforme diversas leyes laborales, la Constitución Nacional, provincial, ley 292-A y CCT para empleados de la administración pública Provincial.
La representante sindical fue la única persona que fue trasladada en el organismo, constituyendo claramente en una práctica desleal, persecutoria y ejemplificadora, que busca erradicar la organización y representación sindical dentro de los espacios de trabajo.
La convocatoria se replicó en las seccionales de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la de Juan José Castelli y en la del Sudoeste.
Los sindicatos estatales han decidido presentar ante la Justicia un amparo, debido a que el Ejecutivo se niega a nombrar a sus representantes y conformar la CIAP, como manda el Convenio Colectivo de Trabajo vigente.
