Además de las denuncias de maltrato, las y los trabajadores del hospital también expresaron preocupación por la falta de insumos y material esencial para llevar a cabo sus tareas.
“Con la anterior gestión firmamos el CCT y esta gestión lo incumple. Estamos en una situación muy difícil en nuestra provincia, con salarios que no alcanzan a la canasta básica. Ésta es una quita de derechos tremenda, un retroceso en todo lo que habíamos logrado adquirir”, señaló Zamudio.
El conflicto escaló el pasado miércoles cuando policías intentaron impedir manifestarse en su lugar de trabajo a compañeras y compañeros, llegando incluso a herir a tres trabajadoras que se encontraban en el lugar.
Uno de los agentes echados tiene más de 13 años de antigüedad y rindió de manera exitosa el examen de pase a planta nacional. Y el otro trabajador también venía cumpliendo funciones desde hace más de 7 años en el organismo.
Entre otros temas a discutir abordaron la cantidad de trabajadoras y trabajadores con los que cuenta el servicio y en qué situación de revista se encuentran; el refrigerio para el personal precarizado y sobre las diferentes situaciones que atraviesa; y se analizaron las posibilidades de dictar talleres de formación.
Esta iniciativa viene a consolidar el desguace del Estado, atenta contra la soberanía nacional, retrotrae derechos laborales básicos, regala al mejor postor recursos naturales estratégicos y el patrimonio nacional, cercena las libertades individuales, y ataca la libertad de expresión y la pluralidad informativa.
Con la participación de dirigentes de ATE Nacional, el pasado viernes 10 de mayo el Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado en la Provincia de Chaco llevó adelante su Congreso anual.
Reunidos en asamblea, las y los trabajadores municipales manifestaron sus puntos de reclamo. El principal es la disparidad entre salarios que se da en la localidad, de acuerdo al escalafón provincial o de la comuna.
Al asumir, el gobernador Leandro Zdero vetó la creación del Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros y luego sus funcionarios, desarticularon y precarizaron la Línea 137, único Programa de Atención, Asesoramiento, Contención y Acompañamiento contra las Violencias de Género.
Días atrás la titular del CDP, Dafne Zamudio, subrayó que “el gobernador no nos recibe a pesar de los pedidos de audiencia” y enfatizaba que para recuperar el poder adquisitivo cualquier aumento salarial debería ser mínimamente del 100%.
