ATE y la CTA-A se pronuncian en favor y exigieron la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia en materia de Posesión y Propiedad de Tierras que ocupan ancestralmente las Comunidades Indígenas, cuyo vencimiento es el próximo 23 de noviembre y cuenta con media sanción del Senado. También demandaron por un presupuesto acorde para su efectiva implementación y la sanción de una norma que reconozca la propiedad comunitaria de sus territorios.
La ley fue declarada en el año 2006 en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT, consolidando un logro político propio de la lucha en función de la grave situación de despojo y violencia hacia los pueblos y comunidades indígenas, de violación de toda normativa nacional e internacional que los protege.
Así, una vez en vigencia se declara la emergencia territorial en todo el país, estableciendo la suspensión de toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que dicten el desalojo o la desocupación de las tierras que ocupan las comunidades indígenas; ordenando a la vez se realice un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. Relevamiento territorial que, en el marco de las sucesivas prórrogas y planificado para hacerse en los primeros tres años de sancionada la ley, aún no ha concluido.
Según el informe del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (INAI) realizado el 15 de octubre de 2021, de 1760 comunidades indígenas identificadas por la Dirección de Tierras del INAI, quedan aún un 43,4% sin relevar, en tanto que un 56,6% se encuentra en diferentes niveles de ejecución, obstaculizando de ésta manera el derecho a la propiedad comunitaria indígena.
Ante la agudización y exponencial persecución y criminalización del pueblo Mapuche y frente a la existencia en todo el país de numerosos conflictos territoriales con los pueblos y comunidades indígenas, es ineludible su prórroga y su tratamiento inmediato. De no concretarse, no sólo se potencia y agrava la actual situación, si no que se profundiza la desprotección frente a intereses privados y/o públicos sobre sus territorios.
María José Cano, Directora Departamento de Derechos de los Pueblos, ATE
Miriam Liempe, Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios CTAA
Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de ATE y Secretario General Adjunto de la CTAA
Ricardo Peido, Secretario General CTAA
