Almeida ingresó al cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos en 2003, para trabajar en el área de Coordinación del Índice de Precios al Consumidor. Como delegada gremial de la Junta Interna de ATE en el INDEC, Almeida efectuó denuncias por manipulación de los datos que ese organismo difundía.

Luego de estas denuncias, la compañera sufrió discriminación y persecuciones constantes por parte de sus superiores. Primero le bloquearon el acceso al sistema informático, luego le retiraron su computadora y en septiembre de 2007 ya no la dejaron entrar más al edificio.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala IX), al compartir el criterio del juez de primera instancia, avaló la postura de Almeida y consideró probado que la delegada había sido víctima de trato persecutorio y discriminatorio como consecuencia de las denuncias efectuadas.

El Estado cuestionó esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Y ahora el máximo Tribunal ratificó la orden de reincorporar a la compañera en la sentencia dictada hoy. Además, deberán pagarle una indemnización por el daño moral que la delegada sufrió por la discriminación padecida.

Fuente: Clarín.com – 01/04/2014