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En esta nota de El Trabajador del Estado, el análisis de María José Cano (Derechos de los Pueblos de ATE) sobre violencia policial en contexto de ASPO

Facundo Astudillo Castro tenía 22 años. En la mañana del 30
de abril salió de su casa en Pedro Luro para emprender un viaje a dedo
hasta la localidad de Bahía Blanca, donde vive su ex novia. Había recorrido
unos pocos kilómetros en la ruta 3 cuando una mujer lo llevó en su auto hasta
el acceso de Mayor Buratovich. Allí, cerca de las 10 de la mañana fue demorado
por dos policías, los agentes Gabriel Sosa y Jana Jennifer Curruhinca. Los
efectivos lo identificaron y llamaron a su madre para constatar el domicilio
del joven. Cristina Castro estaba trabajando y no sabía que su hijo había
emprendido un viaje en plena cuarentena. Cuando se enteró cerca del mediodía,
llamó a Facundo y discutieron por la decisión del joven de violar el
aislamiento. Ambos estaban enojados y cortaron el teléfono. Esa fue la última
vez que Cristina habló con su hijo.

“La desaparición de Facundo se inscribe en el marco de una
brutalidad policial que se vive en territorios de gran parte de las provincias
de nuestro país con gran crudeza, y que se ha incrementado a partir de haberse
decretado el ASPO. Se registraron gravísimos hechos de violencia policial y
otras fuerzas, que se exacerbaron con las medidas de control y “cuidado”, con el
objetivo de  asegurar “el cumplimiento”
de las medidas de aislamiento y evitar la propagación del virus”
, señala María
José Cano, directora del Departamento de Derechos de los Pueblos del Consejo
Directivo Nacional de ATE.

Lamentablemente, la desaparición forzada de Facundo Castro
no es la primera ni la única. Es una práctica recurrente de las fuerzas,  un 
modus operandi  en el que conviven
diferentes actores que buscan ocultar un entramado oscuro.

“Se suma el hecho de Florencia Morales de San Luis, Luis
Espinoza de Tucumán, Lucas Verón de La Matanza, Buenos Aires y puedo seguir
nombrando, todas víctimas de prácticas arbitrarias y abusivas con un altísimo
nivel de violencia estatal, por haber detrás de los hechos hostigamiento,
detenciones no registradas, allanamientos violentos e irregulares, malos
tratos, torturas, muertes de detenidxs en comisarías, asesinatos,
desapariciones. Hechos que claramente configuran violaciones a los derechos
humanos”,
indica Cano.

Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) durante el
mes de junio se produjeron 18 muertxs por uso de la fuerza – una persona cada
40 horas -, siendo la mayoría varones, jóvenes y pobres.

“Parece ser tendencia y hasta histórica, lo expresa el dato
de la CPM, donde también a partir de los hechos que se dieron en el resto del
país, se refuerza además el sesgo clasista y racista. Quienes más sufren esa
estigmatización son lxs adolescentes y jóvenes, más los varones adolescentes y
jóvenes. Hace años que venimos denunciando que no son prioridad para las
agendas de gobierno y que es el rango etario al que el Estado les debe la mayor
protección. El profundo efecto estigmatizador que se ha construido sobre ellos
es tan fuerte, que los ha llegado a instituir como amenaza para una gran parte
de la sociedad, siendo el blanco al que las embestidas punitivas y
represivas  -mediáticas, sociales,
legislativas y/o ejecutivas- quieren encerrar, combatir y hasta exterminar”,
esgrime
la dirigente.

Durante el Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio
(ASPO) las fuerzas de seguridad adquirieron mayor poder ya que fueron – y son-
las encargadas del control de la circulación de las personas y por ende del
COVID-19.

“Expresamos nuestra preocupación y enviamos
notas formales tanto a la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic,
como a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo y al
Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, denunciando y
visibilizando los graves hechos de violencia institucional que se dieron en
nuestro país, y entendiendo la necesidad de una urgente reforma estructural de
las policías. 
Vemos con gran preocupación que se le haya asignado una
responsabilidad de control y cuidado para evitar la propagación del virus a
fuerzas o policías con una organización y prácticas institucionales de las más
nefastas y violatorias de derechos humanos. Fue preocupante desde el comienzo
de decretado el aislamiento ya que se le dio mayor legitimidad para actuar”,

sentenció Cano.

Un hallazgo y más
indicios que apuntan al rol de la bonaerense

El sábado 15 fue hallado un cadáver esqueletizado en
Villarino Viejo, a pocos kilómetros de Bahía Blanca, en una zona inhóspita a la
que sólo se accede en camionetas de gran porte. Estaba junto a una zapatilla
"intacta" que la mamá de Facundo identificó como de su hijo.

Para ella, hay muchas posibilidades de que sea él. La
querella cree que el cuerpo fue plantado. Cristina volvió a apuntar a la
responsabilidad de la Policía Bonaerense y del ministro Sergio Berni.

Los resultados finales de la autopsia en la que interviene
el Equipo Argentino de Antropología Forense demandarán entre 30 y 60 días.

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