Bajo la consigna
“No a la Justicia cómplice”, una
multisectorial de organizaciones provinciales, ATE- Formosa entre ellas, se llevó adelante una movilización por la
ciudad capital, en rechazo a las resoluciones que desconocen los derechos de la
tutela sindical de trabajadores que fueron despedidos.
Tanto el CDP como demás organizaciones han rechazado
la negativa judicial a respetar la protección de sus derechos garantizados por
la Ley 23.551 hasta se resuelva la cuestión de fondo con un amparo. “Los Jueces
son cómplices de las medidas políticas tanto de los empresarios como del Estado
Nacional”, denunciaron.
Entre los despedidos se cuentan trabajadore/as
pertenecientes a ATE, como es el dirigente provincial Atilio Sayas, despedido
en Agricultura Familiar, como otros de la
UCRA y Camioneros.
Sobre ello el titular del CDP, Néstor Vázquez, explicó
que se presentó un recurso en la Justicia Federal, la cual resultó negativa, y
que a criterio gremial “tiene una mirada muy sesgada por parte del juez”, al
tomar un criterio parcial de la propia Secretaria de Agricultura que no lo
reconoce como delegado gremial.
Días atrás de la marcha, el CDP había repudiado la
resolución judicial N° 184/18 del Juzgado Federal de Formosa por considerarla “netamente política y
dictada en perjuicio de representantes sindicales”, en el marco del
Expte.”Zayas, Rubén Atilio c/ Secretaria de Agroindustria –Ministerio de
Producción y Trabajo s/ Amparo
Sindical“.
En aquel escrito ATE sostenía que “de la exhaustiva
lectura de los términos y fundamentos de la resolución cuestionada observamos
claramente que la resolución carece de
fundamentos jurídicos serios toda vez que tratándose de derechos
constitucionales específicos con garantía en tratados internacionales donde la
Argentina ratifico su plena vigencia, (Art. 75 Inc. 22 de la Const. Nacional)
su interpretación judicial debió realizarse con criterios restrictivos a su
negatoria”.
Sobre ello el gremio había subrayado que “ocurrió todo
lo contrario, esos derechos de tutela sindical de representación gremial deben
ser respetados y observados conforme a su jerarquía jurídica y no pueden ser
desconocidos por una simple resolución administrativa de un Ministerio dependiente del Poder
Ejecutivo nacional con la pretensión de ser apañada y convalidada por una
lamentable resolución judicial del juzgado Federal de Formosa, claramente el
juez subrogante probablemente ni leyó suficientemente los sólidos argumentos
que surgen de la Ley 23.551 y de la jurisprudencia argentina,
el juez subrogante solo se limitó a reproducir los fundamentos de la
parte demandada para rechazar la cautelar solicitada, lamentablemente
recurriendo a fundamentos políticos tal como se puede leer claramente en el
último párrafo de la parte previa a su resolución”.
Por ello y en línea con el gobierno nacional ATE denunció que “se decidió proteger a las
patronales frente a los conflictos laborales en evidente perjuicio no solo de
los trabajadores, sino incluso violando torpemente los derechos sindicales de
sus representantes gremiales como en este caso
particular en que ni siquiera supo diferenciar y confundió las
condiciones de delegado gremial con las de miembro integrante ( Secretario de
capacitación y formación del señor Atilio Zayas) de un Consejo Directivo
provincial reconocido por el propio Ministerio de Trabajo de la Nación”.
