“Justo cuando reclamamos la reapertura de paritarias aparece
este juicio”, señaló Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, quien
esta mañana debió asistir a la primera audiencia del juicio oral en el que se
lo acusa por una medida de protesta realizada en la entrada del aeropuerto
Francisco Gabrielli, en apoyo a trabajadorxs fitosanitarios de ISCAMEN, en 2014.

Macho denunció así que el Tribunal Federal 1, a cargo del
juez Marcelo Garnica, lo convocó a declarar a la misma hora que debía asistir a
una paritaria de salud, y en paralelo al anuncio del gremio de profundizar sus
acciones, si el Gobierno ofrece un aumento salarial por debajo del 30% para el
segundo semestre. Por ello, destacó que en el juicio hay “una clara intención
de criminalizar la protesta”.

“Estamos viendo con mucha preocupación el avance de la
derecha porque criminalizar la protesta y hacer callar a los dirigentes
sindicales es parte de estas políticas de ajuste. Ellos quieren poner trabas a
la organización de los trabajadores para que no estén en la calle reclamando
por sus derechos”, manifestó el dirigente.

Si bien subrayó que en todos los gobiernos ha habido persecución
sindical, el dirigente apuntó que el juicio “es la aplicación de  la ley anti terrorista y anti piquete en la
provincia”.

En efecto, en su visita a la provincia, la ministra de
Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había celebrado el procesamiento de
Macho, como ejemplo de la aplicación de dicho protocolo. “Cortar calles o rutas
es un delito”, afirmó la funcionaria en ese momento.

Macho también se expresó sobre la gravedad que implica que
un tribunal federal avance sobre el derecho a la protesta: “Tira por el piso
todas las recomendaciones de la OIT y los pactos internacionales sobre el
derecho a la huelga, a la protesta, a la realización de asambleas”, advirtió.

Por último, agradeció la solidaridad de la CTA Autónoma y
otras organizaciones sociales y gremiales.

Las audiencias por el caso del aeropuerto continúan el
viernes. En tanto, hoy mismo el dirigente fue notificado de un juicio a prueba
en el mismo tribunal, por una causa en la que se los acusa de violar la ley de
“libertad de reunión”, por una manifestación en el marco de un encuentro de
funcionarios en la UNCuyo.