Los apoderados legales del frente integrado por la
ATE- Entre Ríos, del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de Enseñanza Técnica
(Amet) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) ingresaron el viernes pasado un
aparo para que no se aplique la Resolución 77/20 que derogó las Resoluciones
siete y ocho de 2001, que instituyeron una concesión de derechos a favor de los
trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria
especial, flexibilizando e incorporando el “tres por uno” (compensando tres
años de exceso de servicio por uno año de edad) a las jubilaciones especiales.

En declaraciones a la Agencia Informativa AIM, el
secretario Gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, quien detalló que la
presentación cayó en el juzgado donde tramita la acción de inconstitucionalidad
por la Ley de emergencia de los jubilados, Civil y comercial nueve, a cargo del
Juez Ángel Moia.

Al respecto, el docente remarcó que a los sindicatos
no les gusta judicializar la política, pero explicó que “el gobierno no dejó
otra alternativa, porque no escucha a los trabajadores”, y consideró que el
fallo sería a favor de los trabajadores.

En ese marco, el secretario general de la ATE Entre Ríos,
Oscar Muntes, remarcó que la presentación judicial “es una instancia más en la
lucha contra el ajuste por goteo que aplica el gobernador, Gustavo Bordet,
quien realiza cambios parciales, sobre sectores que el gobierno dicen que
tienen ‘privilegios’ con el fin de ir corroyendo derechos hasta que se
encuentre con la parte troncal del árbol que tiene como finalidad cambiar el
sistema de jubilaciones y pensiones de la provincia”.

Precisamente, para Muntes “ir a la justicia es una
parte de la lucha, pero la principal disputa se debe dar en la calle, con los
trabajadores movilizados con las medidas sanitarias correspondientes para
evitar la propagación del Covid-19, porque sabemos que el gobierno viene por
todo y no estamos dispuestos a ceder derechos que nos costaron arrancarle a las
patronales”.

Ley
de emergencia solidaria

Por otro lado, Muntes confirmó que la semana pasada
“también se reclamó en la justicia que se declare incumplida la medida cautelar
ordenada el 8 de setiembre de 2020 y, en consecuencia, se ordene a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones que de manera inmediata deje sin efecto la resolución
nº 4.484/20 y, en consecuencia, restituya a todos los trabajadores pasivos de
la educación, pasivos de la administración pública provincial y municipal a
quienes aplicó tal dispositivo, los montos ilegítimamente descontados”.