En más de tres meses de
aislamiento social todo ha cambiado para lxs trabajadores del Estado. De
discutir mejoras salariales, lo que llegó para la mayoría fueron suspensiones
de los aumentos acordados. Se produjeron
recortes salariales, muchos de ellos escandalosos. Tampoco faltó la represión
ante el reclamo y en un caso, en la provincia de Catamarca, se impulsó una
reforma del Estado que implicaría un devastador ajuste.
En contexto de COVID-19, es cierto que el menor movimiento
económico disminuyó los ingresos de la recaudación fiscal. También la inflación
hace lo suyo, pese a la poca actividad
económica supera el 11% en los primeros 5 meses del año. En medio de la
crisis, hubo administraciones que aprovecharon la coyuntura para ajustar
fuertemente los salarios.
En Entre Ríos, la situación de lxs estatales provinciales es
grave. Este año no se han abierto las paritarias, y el gobierno hizo recortes
en horas extras y otras bonificaciones, que en promedio implicar un recorte
salaria del 40%.
Según el CDP casi el
80% de lxs trabajadores estatales cobran salarios por debajo de los 43.000
pesos que estima el INDEC para no caer en la pobreza (con una suba del 42% en
el último año) y muy por debajo de los 68.204 pesos que precisa por mes una
familia tipo, para satisfacer sus necesidades. La denuncia de ATE refleja una
crisis general que se arrastra desde hace muchos años.
No es el único caso. En la mayoría de las provincias las
paritarias están paradas. Los que otorgaron aumentos lo hicieron con
porcentajes establecidos unilateralmente o por decreto. También hay provincias
que han frenado los aumentos otorgados, como son los casos de San Juan, Salta y
Tierra del Fuego.
El
último mes, lxs trabajadores municipales de Tucumán y Formosa vieron sus
salarios recortados. En Tucumán, ATE denunció que el intendente de Yerba Buena
hizo una quita de haberes de entre el 35 y un brutal 75%. En el interior formoseño, lxs municipales nada
han visto del 15% que hubo de aumento por parte de la provincia. Su situación
es calamitosa, sobre todo entre trabajadorxs jornalizadxs, cuyo ingreso apenas
supera los 5.000 pesos mensuales. Los últimos recibos de sueldo llegaron con
una quita promedio del 50%.
En la santacruceña ciudad de Las Heras el salario municipal
ronda los 16.000 pesos mensuales, cuando en
la región la canasta familiar supera ampliamente los 80.000 pesos. ¿Qué pasa si un municipal se jubila hoy? En
Gobernador Gregores (también Santa Cruz), su jubilación sería sólo de 18.000
pesos.
En la ciudad de Mendoza reclamar salarios se ha vuelto
peligroso. El último reclamo de lxs trabajadores municipales de la Capital
concluyó con una feroz represión policial: macrismo explícito. Sus salarios promedian entre los 11.000 y los
16.000 pesos mensuales. Además, sufren irregularidades en liquidación de
haberes, incumplimiento de acuerdos paritarios y precarias condiciones de
trabajo.
En Chaco, ATE acusó al gobierno provincial de violentar
económicamente a lxs trabajadores. En la
gran mayoría de las 69 comunas de la
provincia este año no hubo ni un peso de aumento, pese a que se sigue
recibiendo normalmente la coparticipación, más otras partidas como la especial
por la pandemia. Los salarios municipales son tan bajos que la mayoría apenas
alcanza la línea de indigencia.
En La Rioja hay casos similares: o peores. ATE denuncia la
absoluta precarización de trabajadorxs del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, que desarrollan sus funciones bajo la figura de una “beca laboral”.
Son más de 400 personas que hace más de 10 años trabajan en esta terrible
situación y perciben un salario de 8.000 pesos.
Si
“sobre llovido mojado”, este mes también habrá que estar atento a lo que suceda
con el aguinaldo. La decisión del gobierno nacional de pagarlo en varias cuotas
puede ocasionar un efecto cascada entre las demás administraciones provinciales
y municipales. En días nomás se verá en qué dirección se mueven los gobiernos.
Catamarca: Reforma
del Estado y SMVyM
La reforma del Estado provincial impulsada por el gobierno
provincial marcó el inicio de un plan de lucha de los gremios estatales
nucleados en el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI).
El primer borrador del proyecto habla de diseñar un Plan
Integral de Modernización del Estado, con ejes en la movilidad laboral (o sea
la posibilidad de traslados compulsivos), un régimen de licencia pre
jubilatoria, congelamiento de designaciones durante tres años y modificación en
la coparticipación de los ingresos por minería con los municipios.
ATE ha sido muy claro en que no permitirá que se pierdan
ninguno de los derechos adquiridos y, en el marco de la FUSSI, protagonizó
masivas movilizaciones mediante las que se logró abrir una mesa de diálogo con
el gobierno.
El titular del CDP, Ricardo Arévalo, calificó como
“positivo”, el encuentro con Ricardo Jalil y adelantó que “podríamos llegar a un consenso si se
mantiene la nueva propuesta que es mantener la estabilidad laboral de lxs
trabajadores”.
