En últimas horas del jueves 28 recuperaron su libertad Ariel
Leguizamón y Miguel Ángel Báez, dirigentes de la Asociación Trabajadores del
Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA ) respectivamente,
tras cuatro días de irregular detención. Un clima de gran alegría se vive en
las puertas de la Comisaría 1 de Viedma, el mismo lugar donde un mes atrás
estuvieron detenidos Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar.
Ambas situaciones se sucedieron a partir del accionar
arbitrario de la Justicia Rionegrina, corolario de la represión policial que
tuvo lugar en las puertas de la Legislatura Provincial durante el tratamiento
de la ley que habilitó el megaendeudamiento denominado Plan Castello.
Al igual que con Aguiar y Capretti, el pedido de detención
fue lanzado por el Fiscal Juan Pedro Puntel, bajo el único pretexto de realizar
medidas procesales que, con total normalidad, se podrían haber llevado a cabo
sin el encierro de los imputados. Cabe
recordar que Báez y Leguizamón se presentaron voluntaria ante la Justicia el
lunes pasado y debían haber sido notificados de la causa y de las actuaciones
correspondientes, pero conservando su libertad.
"Celebramos la liberación de los compañeros detenidos,
pero nos mantenemos en nuestra firme convicción que señala que en Río Negro,
por lo menos, la mitad de la Justicia es miope, pero ciega -como debería-nunca.
Nos reprimen y encarcelan a los luchadores sociales en una clara persecución
sindical y política, mientras que los amigos del poder siguen sueltos por la
calle", arremetió el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo
Aguiar y completó: "Este proceso, bajo el pretexto de realizar distintas
tramitaciones judiciales le robó cuatro días de su vida a estos compañeros que
fueron, irregularmente apartados de sus familias. El Fiscal Puntel imputa delitos
que no ingresaron al Código Penal de la mano de legisladores democráticos,
fueron introducidos por la misma dictadura militar".
Por otro lado, para las entidades, no deja de preocupar el
aval permanente que brinda el Juez Carlos Mussi a las barbaridades que plantea
el Ministerio Público, sosteniendo imputaciones sin respaldo probatorio
suficiente, utilizando de manera abusiva el instituto de la privación de la
libertad y afectando el principio de inocencia de todos los ciudadanos. Así
como también preocupa su sometimiento constante hacia el Poder Político.
