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Comunicado de la Comisión Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE

Comunicado de la
Comisión Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE:

1.-La experiencia
de estos últimos años evidenció un retroceso en el sistema de seguridad social
que afectó a los sectores másvulnerables,
en nuestro caso lxs trabajadorxs 
jubiladxs y pensionadxs, en la pérdida del poder adquisitivo de sus
prestaciones, a través de la alteración sustancial de sus derechos
previsionales históricos.-

Se dictaron
normas regresivas del nivel alcanzado en el reconocimiento de los derechos en
materia de seguridad social, tales como la reparación histórica, blanqueo de
capitales, armonización a la baja de los sistemas previsionales provinciales,
no transferidos a la Nación, uso indiscriminado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
la denominada “reforma previsional” que vulneró la movilidad jubilatoria. Todas
normas que limitan, sustancialmente, una prestación alimentaria, presente y
futura de los jubilados, en abierta vulneración del compromiso asumido por el
Estado de garantizar la integralidad de los haberes y de los derechos sociales
y la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, hasta el
máximo de los recursos disponibles, en los términos de los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.

Es por ello que nos encontramos frente a un panorama
preocupante, sin antecedentes. La recaudación de la ANSES venia decreciendo,
entre otros motivos, por la subsistencia de normas que reducen las
contribuciones patronales, el aumento del trabajo informal y en negro, tanto en
el sector público como privado, la falta de control y fiscalización de
distintas formas de trabajo sin aportes, que encubren una relación laboral
dependiente. Estas reformas regresivas impulsadas por las políticas económicas
y sociales neoliberales, siguen los lineamientos de los organismos financieros
internacionales (FMI, BM), se ven, ahora, agravadas por la crisis mundial
provocada por el COVID-19.Todo ello nos obliga a repensar nuevas formas de garantizar
los derechos humanos fundamentales vinculados a la seguridad social y otorgarle
al sistema sustentabilidad, a los efectos de asegurar a todos los trabajadores
condiciones de vida dignas que los cubran frente a los riesgos de la vejez, la
incapacidad, la muerte, los accidentes de trabajo, prestaciones familiares, la
vivienda y la salud

Para  lograrlo se
requiere de un Estado fuerte, activo y eficaz que cuente con un sistema
tributario redistributivo y progresivo que le de sustentabilidad a los
distintos sistemas de seguridad social, asignando recursos suficientes para
cubrir todas necesidades que se requieran. Es por ello, que debemos redoblar
esfuerzos para  asegurar las más amplia
protección y asistencia posible a nuestro pueblo trabajador y a su familia.

2.-Es cierto que
nuestro país fue un adelantado en materia de reconocimiento de los derechos
individuales, colectivos y sociales de los trabajadores, con un fuerte contenido
de protección social. Desde mediados de los 40, del siglo pasado, se  trajo a discusión la necesidad de expresar
jurídicamente las transformaciones sociales operadas, para consolidarlas, y
adaptar y reactualizar el sistema normativo a la etapa de la historia
contemporánea.  El primer documento
normativo que tradujo normativamente la lucha del pueblo argentino por la
conquista de los derechos sociales fue la Constitución de 1949, que tuvo una concepciónjurídicade
protección del interés nacional, con un sentido de igualdad material y justicia
social, haciendo hincapiéen laampliación del rol activo del estado y lafunción
social de la propiedad. Lamentablemente, el golpe militar de 1955 derogó-por
decreto-el texto de la nueva constitución retrotrayéndonos al original de 1853 (con las reformas de 1860, 1866 y 1898).Sin
embargo, la reforma de 1957 agrego el artículo 14 bis a la Constitución
Nacional, que en el plano de la seguridad social obliga al Estado a asegurar
sus beneficios en forma integral e irrenunciable, reconociendo los seguros
sociales obligatorios, el derecho a la movilidad de las prestaciones, la
autonomía económica y financiera de los organismos de la seguridad social y su
administración por los interesados, con la participación del Estado.

Ese artículo 14 bis se vio luego fortalecido por la reforma
constitucional de 1994, que incorpora con jerarquía constitucional los Tratados
Internacionalesde derechos humanos,que comprometen a los Estados a garantizar
en forma efectiva los derechos sociales.

II.- Luego de hacer una breve reseña jurídica
y a fin de adentrarnos en el tema que nos preocupa, la sustentabilidad del sistema
de seguridad social argentino en tiempo del COVID 19,  es necesario repasar las principales fuentes
que financiaban a la ANSES:1) Los aportes de los trabajadores y las
contribuciones de los empleadores: ambos conceptos toman como base el salario
del empleado.  2) Recursos tributarios de
afectación específicaa la Seguridad Social -todos regresivos-: tales como el
IVA, Ganancias, impuestos internos, adicional cigarrillos, combustibles.  3) Transferencias del Tesoro Nacional.

Por decreto 297/2020 de fecha 18.03.2020 el gobierno
nacional ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el cual  se extenderá  hasta el 10 de Mayo de 2020 (seguramente
prorrogable),   por la constatación de la
propagación de casos de coronavirus  covid-19 en nuestra región y en
nuestro país. La mencionada disposición del gobierno cuenta con el apoyo der la
mayoría de los argentinos, a partir de la convicción de la importancia de
preservar
la salud del conjunto de la ciudadanía, en especial los sectores más
vulnerables, considerandoque la salud es el bien más preciado en una sociedad.
En este caso particular prima la salud sobre el capital, que debe estar al
servicio de la economía nacional, de las necesidades de las familias y de los
trabajadores.

Los trabajadores son los que más sufren las consecuencias no
sanitarias que El COVID 19 trae aparejado: el encogimiento de la economía, el
repliegue del sistema productivo, el desplome del empleo, la caída del consumo,
la disminución de la recaudación impositiva, provocando todo ello una merma significativa en la recaudación de nuestro
sistema de seguridad social.

Observamos, también, en este tiempo, la pérdida de ingresos
del trabajo/ salario en relación al capital, situación que va mutando día a
día, perdiendo los trabajadores su nivel de vida.

De ahí la necesidad de un debate profundo no solo de las
instituciones representativas del gobierno, con la participación de las organizaciones
del pueblosobre las medidas de transformación que deben adoptarse, en este
contexto de crisis y pensando la salida de la misma, para garantizar las
condiciones de vida digna de todos los argentinos.

Estas medidas, y las normas que se dicten, deben estar ajustadas a los derechos y
garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos (art.75 inc. 22 Constitución Nacional).-

En esta
instancia es fundamental la vigencia de un Estado de derecho democrático y
social que proteja la plena vigencia de los derechos y libertados reconocidos
por los citados instrumentos nacionales e internacionales en materia de
derechos humanos.

En especial,
dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA) deben ser garantizados sin discriminación a
toda trabajadora y trabajador, jubilado jubilada y sus familias, en especial, a aquellos grupos que
son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad.-

 

Por todo ello y con el único objeto de fomentar el bienestar
colectivo proponemos garantizar en su plenitud los derechos emanados de nuestro
sistema constitucional, el
cual establece principios muy
claros en materia de jubilaciones y pensiones, que han sido a su vez
desarrollados por la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.

Carácter
integral e irrenunciable de los beneficios de la seguridad social; seguro
social obligatorio de reparto y solidario, autonomía económica y financiera,
administración de los sistemas por los interesados con participación del
estado, jubilaciones y pensiones móviles, principios que a su vez se enlazan
con el respeto de derechos fundamentales como el la propiedad, igualdad y no
discriminación, razonabilidad de los actos, progresividad de los derechos y
prohibición de retroceso, obligación del legislador ordinario de dictar normas
basadas en criterios de justicia social y medidas de acción positiva en
protección de los derechos de las personas vulnerables, mujeres, niños,
personas mayores e incapaces.

Es fundamental para lograr esos objetivos fortalecer el
financiamiento de ANSES y con ello la presencia del Estado en cada hogar del
pueblo trabajador, para brindar protección,asistencia y  contención social. Consideramos que una
política social fuerte debe estar respaldado por un sistema tributario que se
ajuste a sus necesidades. En la actualidad, ningún sistema de seguridad social
se sostiene exclusivamente con aportes y contribuciones de los trabajadores
(salario diferido) sino que requiere del aporte, por vía de impuestos directos,
de los que más tienen respecto de los que están en situación de vulnerabilidad.

III Proponemos
para esta etapa y para la post pandemia discutir algunasmedidas y acciones para
garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y el financiamiento de sus
prestaciones tales como:

1) Restablecer la plena vigencia de los aportes y
contribuciones (salario diferido de los trabajadores).

2) Defensa y expansión del trabajo formal protegido por la
legislación laboral y de seguridad social, tanto en el Estado, como en el
sector privado.

3) Fiscalización y recaudación activa de los ingresos
propios de la seguridad social.

4) Garantizar una prestación previsional que reconozca una
tasa de sustitución del 82% del salario del activo y una movilidad vinculada a
la evolución del salario.

5) Vincular la política de seguridad social con la
tributaria de tal manera de generar los recursos necesarios para sostener una
política social fuerte por parte del Estado.

6) Reformas del sistema de impuestos de ganancias, al
patrimonio y sucesorio de carácter progresivo y redistributivo.

7) La creación de un nuevo impuesto especial asignado a la
seguridad social que provenga de las grandes fortunas para garantizar la
sostenibilidad del sistema.

8).-Fortalecer al Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) yconservar la esencia y la naturaleza jurídica del decreto que lo creo, como
cualidad esencial su intangibilidad, como reserva contra cíclica.

9) Controlar que en cada lugar de trabajo se cumplan  las medidas de seguridad social.

10) Reforzar el sistema de inclusión previsional. Garantizar
una jubilación a todo mayor de 65 años que un nivel de vida adecuado que
incluya salud, alimentación, vestido, vivienda y a una mejora continua de las
condiciones de existencia.-

11) Proteger, reforzar y fortalecer la Asignación Universal
por Hijo, por Embarazo, por Maternidad.

12) Implementar unIngreso Básico universal como derecho
vinculado al trabajo para asegurar a todo trabajador, sin empleo, un nivel de
vida adecuado para sí y su familia que incluya alimentación, vestido, vivienda
y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

13) Garantizar el disfrute del más alto nivel de salud
física, mental y social, para con una cobertura integral del 100 % que incluya
atención medica, intervenciones y medicamentos en Obras Sociales, PAMI y
Hospitales Públicos

14) Asegurar la participación de los trabajadores en la
administración de los sistemas de seguridad social, con participación del
Estado, reconociendo la autonomía económica y financiera de sus presupuestos.-

IV

Por ultimo señalamos que la superación de esta pandemia solo
es posible fortaleciendo la organización de los trabajadores  activos como
los jubilados, su lucha y trabajo es lo que hace posible la riqueza de nuestro
país. Solo la confluencia de todos los trabajadores en la unidad de acción, con
un proyecto nacional liberador, permitirá establecer las bases de una sociedad
basada en la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones,
en la justicia social, e igualación de los puntos de partida, garantizando
posibilidades de vida digna para todos los argentinos.

COMISION
CENTRO NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ATE

EQUIPO
TÉCNICO
: DR.
HORACIO GONZALEZ, DR. LUCIANO GONZALEZ ETKIN, HORACIO FERNANDEZ Y DIP. M/C
GRACIELA ITURRASPE-

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