El
compromiso de los trabajadores de ATE fue fundamental, ya que los legisladores
no querían aprobar el acta paritaria, a pesar de estar homologada y decretada
por el Poder Ejecutivo que, a su vez, con la excusa de la no ratificación
legislativa se negaba a implementarla.

Los
112 trabajadores de Barreras Sanitarias y los 56 de la Ley Federal de Carnes se
encontraban contratados bajo una figura de fundación privada que justificaba la
precarización laboral. Los fondos de esa fundación, empero, son aportados por
el Estado para una función que le es indelegable, como el control de sanidad en
las fronteras de Mendoza de los comestibles que ingresan a la provincia.

Los
compañeros llevaron adelante numerosas medidas de fuerza, como asambleas,
paros, movilizaciones, cortes de calles y rutas. Luego de ello, el Senado
aprobó la norma ratificatoria del acta paritaria para que luego hiciera lo
propio la Cámara de Diputados.