ATE

ATE denunció a un grupo de empresas que se adjudicó una licitación de 40 millones de dólares para realizar estudios de factibilidad y ambientales.

El
próximo 6 de junio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arribará a la
Argentina para reunirse con su par argentino, Mauricio Macri. Parte de la
agenda prevista, incluye el abordaje de acuerdos energéticos, entre ellos la
reactivación del proyecto hidroeléctrico Garabí/Panambí, emprendimiento
fuertemente resistido, combatido y paralizado por la lucha popular que
protagonizaron organizaciones sociales y comunidades tanto en la provincia de
Misiones como en pueblos ribereños del sur brasileño. 

Desde la ATE- Misiones, organización que
fue protagonista de las varias instancias de resistencia al proyecto Garabí,
recordaron que “este un proyecto que viene desde 1972 pero que en los últimos
años fue rechazado de plano por el pueblo de la región, debido a que lisa y
llanamente  plantea borrar del mapa más
de 30 pobladores de nuestras costas del río Uruguay, obligando al éxodo forzoso
a miles de familias. Por eso no lo permitimos ni lo permitiremos. El proyecto
Garabí/Panambí no cuenta ni contará con licencia social”.

Esta no es la primera vez que los estados
argentino y brasileño insisten con la reactivación del proyecto citado. Ya en
2017, trascendió que la denominada Plataforma Argentina de Hidroenergía
(Plahe), según la empresa estatal Ebisa (Emprendimientos Binacionales S.A.),
incluía un listado de  proyectos mayores
a los 1.000 MW; ocho plantas de entre 500 y 1000 MW; 20 que van desde 100 hasta
500 MW; y 23 de entre 50 y 100 MW.

Entre las iniciativas, figuran los
proyectos hidroeléctricos Corpus (río Paraná) y Garabí-Panambí (río
Uruguay).  Ambos tienen un común
denominador. Los dos fueron contundentemente rechazados por la población de la
provincia de Misiones. El primero, ya en 1996 a través de un plebiscito oficial
que luego se transformó en ley. El segundo, a través de la Consulta Popular
sobre Represas, en la cual 120 mil personas votaron y un 98% expresó su
rechazo.

Desde la CTA Autónoma Regional Apóstoles,
que aglutina 12 municipios del sur misionero, entre ellos Azara, uno de los
poblados en riesgo de afectación (extinción) si se construyera Garabí/Panambí,
subrayaron que “resistimos a la represa con marchas, con recursos de amparos,
con una Consulta Popular, con innumerables acciones de lucha, hermanados a
nuestros vecinos brasileños. Podemos decir que salvamos a nuestros pueblos
y  hoy que Bolsonaro y Macri vuelven a
hablar de Garabí, volvemos a estar en pie de lucha para seguir en la defensa de
nuestros pueblos, de nuestros ríos y en definitiva, de nuestra vida”.

En tanto ATE, denunció que “en 2012, un
grupo de empresas que conformaron el llamado Consorcio Energético del Río
Uruguay se adjudicó una licitación cercana a los 40 millones de dólares para
realizar estudios de factibilidad y ambientales que debieron terminarse en
2014. Aquí en Misiones jamás conocimos un solo párrafo de estos estudios y el
Consorcio se fue de la provincia de forma fantasmal después del rechazo que
tuvo el proyecto”.

La CTA Regional Wanda, señaló que “el
pasado 14 de marzo, en el Día de Acción contra las Grandes Represas nos
movilizamos para dejar en claro que no solamente reafirmamos el rechazo a
nuevas represas en nuestra región, sino que además estamos exigiendo una
reparación histórica para los pueblos que fuimos afectados por represas pero no
tuvimos ningún tipo de compensación, seguimos pagando tarifas exorbitantes por
una energía que nos prometieron, sería gratis”. 

El marcado rechazo de la ciudadanía
misionera en torno a Garabí, guarda directa relación con las probadas
consecuencias negativas de estos mega emprendimientos hidroeléctricos
(inundaciones, desarraigo, desocupación, desalojos forzosos, pobreza,
enfermedades vectoriales, violaciones a los derechos humanos, etc), largamente
evidenciados en todo el continente.

 Por
estas horas, desde la Mesa Provincial No a las Represas, señalaron que ante
este nuevo intento de reactivación de Garabí/Panambí, se están solicitando
informes y declarando en estado de alerta.

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