El
Gobierno de Jujuy, decidió no reconocer la importancia y función social que
cumplen centenares de capacitadores en la enseñanza de oficios con salida
laboral, para los sectores más vulnerables de la sociedad. Trabajo que se
realizaban mediante la realización de talleres gratuitos destinados a la
formación de artesanos, carpinteros, albañiles,  soldadores, informáticos,
gastronómicos, pasteleros,  y pintores; entre otros. Así como también
 respecto de la contención social y educativa que brindaban, mediante las
clases de apoyo y las prácticas deportivas  que se destinaban a todos los
escolares que la requerían.

Con
estos despidos y persecución gremial a los trabajadores de ATE- Jujuy, el
gobierno provincial y la ministra Calsina, pretenden ocultar la hipocresía de
las políticas públicas de empleo en la provincia, que se basan en la
precariedad laboral de los capacitadores e instructores, al tratarse de una
forma de contratación fraudulenta que lleva adelante el Estado provincial, al
pretender pagar a los trabajadores como capacitadores, pero haciéndoles cumplir
además funciones como administrativos, enfermeros, porteros, preceptores.

En
tal sentido, el CDP no sólo continuará en la lucha por los derechos de los
trabajadores mediante acciones gremiales, sino a través de la acción judicial,
denunciando a los funcionarios y al Estado provincial por violar los derechos a
la libertad sindical de los trabajadores, a la vez que la vulneración flagrante
de un derecho humano fundamental  como el derecho  que tiene toda
persona a no ser discriminados y a tener un trato igualitario.