Desde
hace días el frente de la legislatura provincial de La Rioja no es el mismo.
Ahora hay una carpa y sillas alrededor con trabajadores de la Educación que
realizan servicios generales y tareas administrativas en escuelas. Reclaman el
pase a planta permanente.

Muchos
cuentan con diez años de antigüedad bajo diversos planes, programas, becas,
tutorías y algún otro eufemismo que el Estado emplea para encubrir su
precariedad laboral. Todos cobran por debajo de la línea de pobreza.

“Por
estas situaciones, denunciamos al Estado provincial por no reconocer los
derechos laborales de sus empleados y sostener condiciones de trabajo ajenas a
todas las normativas del derecho laboral vigente”, expresaron los trabajadores
de ATE organizados en la agrupación Felipe Varela.

“El
Ministerio de Educación, el gobierno provincial en su conjunto y los
legisladores provinciales oficialistas se negaron a incluirlos en el
presupuesto 2017”, denuncian además los estatales.