*Nota de opinión publicada en El Trabajador del Estado de septiembre

Venimos de terminar una reunión del Consejo Directivo Nacional con la presencia de la mayoría de los secretarios y secretarios generales de las provincias. El repaso de la situación en ellas y de la situación nacional nos obliga a fortalecer y acrecentar el estado de movilización y lucha que llevamos adelante los trabajadores y trabajadoras en el país. 

Es que, ante el golpe de mercado que venimos sistemáticamente sufriendo los argentinos, con los aumentos discrecionales de precios, con la transferencia de precio internacionales al mercado interno, la profundización de la fuga de capitales, la devaluación del peso ordenada en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que los grandes grupos económicos quieren acelerar y acrecentar, el Gobierno ha cedido, tal como lo hizo a comienzos del año, al tomar el nuevo préstamo con el Fondo. Un préstamo que además de ser  impagable y blanquear el tomado por Macri, implicó aceptar las condicionalidades del Fondo que desde siempre han sido políticas de ajuste.

Desde ese momento hasta hoy, el Gobierno no ha dejado de ceder. Martin Guzmán reconoció el fracaso del plan económico con su renuncia, pero los pasos dados por sus sucesores, primero por la Ministra Batakis, y luego por quien quiere convertirse en superministro, Sergio Massa, no han hecho más que profundizar el camino de concesiones al Fondo y al actual golpe de mercado, que está llevando a niveles de extremos históricos la indigencia y pobreza, hasta tal punto que el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de $51.000, y la jubilación mínima, ubicada en los $50.000, están muy por debajo del valor de la canasta de la indigencia, que en julio pasó los $111.000.

En ese contexto, todas las respuestas que viene anunciando Massa tienen que ver con las exigencias de los grandes grupos económicos: se habilita valor dólar para el agro, valor valor dólar para para las mineras, valor dólar para las hidrocarburíferas, con lo cual se acrecientan sus tasas de ganancia y se ensancha la brecha entre los menos que más ganan, y los más que menos que menos tenemos. Y las medidas que el Gobierno anuncia en el supuesto de paliar la situación de los sectores más postergados son absolutamente insuficientes, para no decir intrascendentes. 

Ahora bien, esta ofensiva de los sectores concentrados no son algo aislado. Forman parte de una ofensiva de los sectores reaccionarios que está produciendo en el Gobierno un giro conservador. Y que tiene que ver, entre otras cosas, con un avance del sistema judicial encabezado por una Corte Suprema de Justicia que quiere imponer su gobierno y disciplinar a los sectores populares, con la permanente reactivación de causas inventadas durante el macrismo, o la invención de nuevas causas. Lo vimos en Mendoza, donde fueron encarcelados el Secretario General y la Secretaria General Adjunta de ATE y CTA, lo vemos hace años en Jujuy, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Justicia emprendió acciones de persecución contra distintas organizaciones populares.

Es fundamental decir que la persecución judicial y el intento de proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a la represión que alentó el jefe de Gobierno de la Ciudad sobre quienes se movilizaban solidariamente para con ella en Juncal y Uruguay, fueron la antesala inmediata a los graves hechos ocurrido en la noche del 1 de septiembre con el intento de magnicidio. Fue un hecho, también, resultado de años y años de persecución política y judicial, y de amplificación de discursos de odio y noticias falsas por parte de los medios hegemónicos. En respuesta a ese escenario es que nos movilizamos masivamente el 2 de septiembre para repudiar el atentado a Cristina, defender la democracia y los derechos del Pueblo argentino.

Las intervenciones del embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, alentando a la creación de una nueva coalición opositora no son tampoco algo aislado a esos acontecimientos. Busca garantizar, por un lado, las políticas de ajuste en el cogobierno con el FMI. Y en paralelo, convalidar la entrega de nuestros bienes comunes e impedir que se lleven adelante proyectos estratégicos del sector energético, como la instalación de dos o más centrales nucleares en Zárate, la recuperación del control soberano sobre la red troncal del río Paraná, la construcción del Canal de Magdalena, y la industrialización del litio en territorio de origen, con participación de empresas estatales de Argentina, Chile y Bolivia, fortaleciendo la hermandad y la unidad de los pueblos y gobiernos latinoamericanos. 

Esta ofensiva que se despliega en todos estos planos trata de romper la posibilidad de que una experiencia nacional y popular de gobierno en la Argentina pueda confluir con las experiencias de lucha y de avance que se están produciendo en otros países hermanos de Latinoamérica. Buscan romper el eslabón más débil que hoy representa el gobierno de Argentina, porque Estados Unidos quiere impedir que se vuelvan a restablecer las condiciones políticas de unidad  y autonomía de los gobiernos populares en América Latina, como la que hace exactamente 17 años le dijo “No al ALCA”. 

Ante este escenario de disputa del sentido de las políticas públicas, hay que fortalecer la capacidad de lucha de nuestro pueblo para obligar a un redireccionamiento de las políticas económicas y sociales del Gobierno, que al mismo tiempo permitan alentar la perspectiva de que no regresen al Gobierno los sectores conservadores y reaccionarios expresados en el macrismo, o a través de Rodríguez Larreta, Bullrich u otras expresiones similares. 

Por eso es que el Consejo Directivo Nacional de nuestro gremio analizó a fondo estas situaciones y planteó con claridad que, si no hay un cambio en esta dirección nos encaminamos  hacia hacia un Paro Nacional en el mes de septiembre. Vamos a alentar que este Paro activo con movilizaciones confluya con la lucha que viene dando la CTA junto a diversos movimientos sociales por Salario Universal, aumento de emergencia para activos y jubilados, y un aumento por encima del 90% para el Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

Las y los estatales hemos planteado de diversas maneras al Gobierno la necesidad de que se adelante la revisión paritaria al mes de septiembre. Venimos reclamando que se cumpla el acuerdo de pase a planta permanente de 30.000 trabajadores precarizados. También insistimos en que se frene este plan de ajuste que retacea recursos para Salud, Educación, obra pública, y alienta permanentemente el aumento del precio del transporte, la energía y de los servicios en general.  

En este escenario de disputa social, económica y esencialmente política es donde ATE  retoma una fuerte iniciativa en el campo popular. De la misma manera en que lo hicimos durante el macrismo, seamos capaces en este tiempo de recuperar la presencia en las calles y el debate profundo sobre las políticas públicas que necesitamos para que el Estado sea un instrumento del Pueblo en pos de la recuperación plena de la Soberanía y la reactivación de la economía, generando trabajo, producción y una más justa distribución de la riqueza. 

En ese camino, haber protagonizado desde nuestro gremio las elecciones que han fortalecido a nuestra Central, y que han profundizado su capacidad democrática, nos hace sentir cada día en mejores condiciones para que los valores y los intereses de la clase trabajadora sean la proa que permita reunificar el campo popular. Y que en esa reunificación del campo popular podamos realmente, con mucha esperanza, lograr cambiar el rumbo de las políticas económicas y sociales de este Gobierno, o bien alentar la capacidad de los sectores comprometidos con la emancipación para encontrar una salida a la crisis acorde a las necesidades de nuestro Pueblo.